Bruselas.— A dos años del regreso talibán al poder, las múltiples crisis desencadenadas por la vuelta del integrismo a la sociedad afgana se han acentuado.
A pesar de sus promesas de “defender los derechos de las mujeres de acuerdo con la sharia”, desde las primeras semanas de su gobierno, los talibanes emprendieron el proceso hacia la restricción de los derechos de sus ciudadanos, siendo las mujeres el principal blanco de la campaña represiva.
Primero fue revocada la Constitución de 2004, piedra angular del proceso hacia una mayor equidad de género. Acto seguido, sustituyeron a las funcionarias por hombres y dieron carpetazo al Ministerio de Asuntos de la Mujer para reemplazarlo por Ministerio de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio.
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A partir de ese momento, el aniquilamiento de los derechos ha sido sistemático y de forma escalonada. Las mujeres tienen prohibido moverse sin un familiar varón y no pueden viajar más allá de 72 kilómetros del lugar donde residen. Las niñas sólo pueden estudiar hasta la primaria y la entrada está vetada para el sexo femenino a numerosos lugares públicos, como clubes deportivos, parques y ferias.
El pasado 2 de julio, la represión alcanzó a la mujer emprendedora. El talibán ordenó el cierre de los salones de belleza que daban empleo a unas 60 mil personas. Argumentaron que el uso de pelucas y depilarse las cejas son prácticas contrarias a los valores islámicos. Dijeron que acudir a estos lugares supone un derroche innecesario de recursos.
Previamente, los talibanes habían prohibido a la mujer trabajar para Naciones Unidas y en organizaciones no gubernamentales. Esta última medida entró en vigor en diciembre de 2022. Antes de la prohibición, las mujeres constituían entre 30% y 45% del personal de las ONG internacionales y de entre 50% y 55% en ONG nacionales.
La represión ha provocado la condena internacional, incluso por parte de algunos Estados musulmanes. En respuesta a estas políticas regresivas, los donantes internacionales cuestionan la posibilidad de continuar con sus aportaciones humanitarias y al desarrollo.
Los talibanes, a pesar de ser conscientes de que el país depende en gran medida de la asistencia internacional, se han mostrado inflexibles. Saben que la reducción de ayuda humanitaria afectaría principalmente a las comunidades que los donantes quieren proteger.
De acuerdo con ONU-Mujeres, la institucionalización de la segregación ha marcado el retorno de la impunidad universal en materia de violencia doméstica y el matrimonio forzado, ha conducido a la anulación del derecho al divorcio y a la protesta. La exclusión casi total en la educación, el trabajo y la participación ciudadana, han llevado a muchas mujeres a un estado de angustia y desesperación que se refleja en un incremento de los casos de suicidio y feminicidios.
“Los derechos de la mujer han sido un intenso campo de batalla entre diferentes actores durante más de un siglo, con periodos de reformas prometedoras seguidas de resistencia y, a menudo, retrocesos frente a los avances. Esto ayuda a explicar cómo un país en el que las mujeres obtuvieron el derecho al voto en 1919, antes que en la mayor parte del mundo occidental, ha acabado tratando a su población femenina de una manera que posiblemente equivalga a un crimen contra la humanidad”, sostiene un análisis elaborado por Gabija Leclerc y Rosamund Shreeves del Servicio de Investigación del Parlamento Europeo.
La diseminación de armas es otro dossier de creciente preocupación internacional, al igual que el tráfico de drogas.
Inquieta que el armamento diseminado tras el colapso de la República Islámica de Afganistán llegue a manos de grupos terroristas, entre los que se encuentran los adversarios de los talibanes, el Estado Islámico de la Provincia de Jorasán (ISKP), filial regional del Estado Islámico en Irak y el Levante (ISIL/Daesh), responsables de ataques en mezquitas, plazas públicas y hospitales.
Cuando los talibanes entraron triunfantes a Kabul, el 15 de agosto de 2021, las fuerzas de la República se quitaron el uniforme dejando atrás el arsenal proporcionado por Estados Unidos. Un funcionario talibán informó que el movimiento aseguró más de 300 mil armas ligeras, 26 mil pesadas y unos 61 mil vehículos militares. Durante el caos generado por la salida de las tropas estadounidenses, se perdió la pista de un número importante de armas. Por ejemplo, en el aeropuerto de Kunduz se extraviaron entre 6 mil y 7 mil armas.
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De acuerdo con la organización Small Arms Survey, los talibanes han intentado reforzar el control sobre la posesión de armas entre sus comandantes y la población civil. “Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el contrabando continúa, por dinámicas internas en las provincias y por las redes clandestinas de tráfico activas desde hace tiempo”, indica un reporte publicado conjuntamente con Afghan Peace Watch.
El documento sostiene que los fusiles de asalto tipo AK se venden entre 450 y 620 dólares, las pistolas Beretta circulan a precios que van de 350 a 700 dólares, en tanto que los equipos de visión nocturna y las miras telescópicas térmicas manufacturadas por Estados Unidos se comercializan en hasta 2 mil 500 dólares debido a que son altamente demandados por compradores chinos.
También circulan rifles de asalto automáticos M4 y M16 de uso de las Fuerzas Armadas Estadounidenses. En los mercados clandestinos de la ciudad de Jalalabad y en el distrito de Khogyani, se venden a mil 600 dólares.
Las evoluciones en materia de droga han encendido las alarmas en los países de tránsito, como Turquía, y de consumo, como la Unión Europea y Asia Sudoccidental.
En una reciente conversación con EL UNIVERSAL, el titular del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, Alexis Goosdeel, advirtió que las evoluciones en Afganistán podrían cambiar los flujos de drogas de manera que podrían tener importantes repercusiones en el futuro.
Antes de la caída de Kabul, la nación sin salida al mar ya era el mayor productor mundial de opio y heroína ilegal, así como la principal fuente de la reina de las drogas disponible en Europa. El año pasado el país concentró 80% de la producción ilícita mundial de opio, indica la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Los talibanes anunciaron la prohibición del cultivo de adormidera o amapola en abril de 2022, y aunque es muy pronto para verificar el cumplimiento de la decisión, en la UE existe la preocupación de que la escasez de heroína conduzca a un aumento de la circulación de opioides sintéticos, particularmente el temible fentanilo.
Por lo pronto, hay un aumento del consumo y fabricación de metanfetamina, así como la expansión del tráfico fuera de la región. “El descenso del cultivo de opiáceos podría impulsar un cambio hacia la fabricación de drogas sintéticas, lo que beneficiaría a distintos actores”, alerta UNODC.
El 31 de agosto de 2021 el último avión militar estadounidense partió de la capital afgana. El despegue marcó el final de una campaña militar de 20 años supuestamente dirigida a eliminar la capacidad de los talibanes para dar cobijo a terroristas internacionales, especialmente a los afiliados a la red de Al-Qaeda.
Sin enfrentar oposición del gobierno democráticamente electo, el presidente Ashraf Ghani huyó a Emiratos Árabes Unidos, los talibanes retomaron el control de la mayor parte de Afganistán presagiando el retorno al pasado, a los días previos a la invasión estadounidense.
Al margen de la incapacidad administrativa del movimiento político fundamentalista islámico, terremotos, inundaciones, avalanchas y sequías han agravado aún más las capacidades del Emirato teocrático para satisfacer las necesidades básicas de la población. Tampoco han ayudado las crecientes disputas por el control de recursos entre los distintos grupos étnicos.
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De acuerdo con UNICEF, a la luz del empeoramiento de la situación el número estimado de personas necesitadas de ayuda humanitaria aumentó a 29.2 millones en mayo pasado, 3% más en comparación con las cifras con las que inició el año. De ese universo 15.8 millones son niños y 875 mil menores de 5 años sufren de malnutrición aguda.
El brazo para la protección de la infancia de Naciones Unidas sostiene que la respuesta humanitaria se complicó drásticamente durante el primer semestre del año debido a la prohibición impuesta a las trabajadoras humanitarias afganas.
“Esto dificultó aún más la prestación de asistencia crítica y obstaculizó la capacidad de los socios humanitarios para llegar a los más vulnerables. El entorno de protección también se deterioró significativamente tras la prohibición”, detalla el reporte semestral.