La Corte Penal Internacional (CPI) anunció este viernes que emitió una orden de detención contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por la deportación de niños en zonas de Ucrania ocupadas por tropas de su país.
También emitió una orden de detención por el mismo motivo, considerado como un crimen de guerra, contra Maria Alekseyevna Lvova-Belova , comisaria presidencial para los Derechos de la Infancia en Rusia, precisó el tribunal con sede en La Haya en un comunicado.
Putin "es presuntamente responsable por el crimen de guerra de deportación ilegal de población (de niños) y el traslado ilegal de población (de niños) de las zonas ocupadas de Ucrania hacia la Federación de Rusia", manifestó el tribunal.
"Los crímenes habrían sido cometidos en territorio ucraniano ocupado al menos desde el 24 de febrero de 2022", prosiguió la corte. Existen "motivos razonables para pensar que Putin es personalmente responsable de los crímenes mencionados", añadió.
El tribunal, creado en 2002 para juzgar los peores crímenes cometidos en el mundo, investiga desde hace más de un año posibles crímenes de guerra o contra la humanidad cometidos en Ucrania durante la ofensiva rusa. Y aunque ni Rusia ni Ucrania son miembros de la CPI, Kiev aceptó la competencia del tribunal sobre su territorio y trabaja con el fiscal de la CPI, Karim Khan .
Putin se suma así a la lista de líderes del mundo bajo la lupa de la CPI, otros de ellos, como él, recibieron orden de captura mientras estaban en el poder. ¿Quiénes son y por qué fueron investigados?
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El teniente general Omar Al-Bashir fue presidente de la República de Sudán desde 1993. La CPI ha emitido dos órdenes de detención en su contra. La primera el 4 de marzo de 2009 y la segunda el 12 de julio de 2010, según precisa el organismo. Al-Bashir se convirtió así en el primer jefe de Estado en ser acusado por la CPI.
El gobierno de quien es apodado 'el carnicero de Darfur' llegó a su fin años más tarde, en 2019, con un golpe de Estado -el mismo mecanismo que él usó en la década de los 90-, luego de las masivas protestas que comenzaron en diciembre de 2018, a raíz de la profunda crisis económica que aún sufre ese país africano.
La CPI lo acusó por crímenes de guerra y contra la humanidad en la región de Darfur, donde cientos de miles de personas fueron asesinadas en 2003. Son, en total, cinco cargos de crímenes de lesa humanidad —asesinato, exterminación, transferencia forzosa, tortura y violación— , dos cargos de crímenes de guerra y otros tres por genocidio entre 2003 y 2008.
Darfur fue la primera región donde actuó la CPI sin estar ese país apegado al Estatuto de Roma, con base a una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Transcurrieron cuatro años y tres meses entre el inicio de la investigación y la primera orden de detención en contra de Al-Bashir, en 2009.
Su caso está en fase preliminar. "El sospechoso sigue prófugo", explica la CPI en su sitio web. Y añade: "Hasta que Omar Al-Bashir sea arrestado y trasladado a la sede de la Corte en La Haya, el caso permanecerá en la etapa preliminar. La CPI no juzga a personas a menos que estén presentes en la sala del tribunal". El teniente general actualmente se encuentra encarcelado en Jartum, la capital de Sudán.
El coronel Muammar Gaddafi gobernó Libia durante 42 años, entre 1969 y 2011, tras ascender al poder con un golpe de Estado. Su ejército asesinó a disparos a centenares de personas en la ciudad de Bengasi en 2011, tras ordenar perseguir “casa por casa, armario por armario” a miles de personas que protestaban contra su gobierno en el marco de la llamada Primavera Árabe.
Las víctimas de esa represión denunciaron torturas, arrestos arbitrarios y ejecuciones, entre otros crímenes. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó entonces la resolución 1970 el 26 de febrero de 2011, en la que le pidió a la Corte Penal Internacional abrir una investigación sobre el asesinato de civiles desarmados en Libia.
Así, el organismo emitió órdenes de detención cuatro meses después contra Gadafi; su hijo, Saif al Islam , y su cuñado, Abdulá Al-Senusi , jefe de seguridad del Estado libio, por crímenes de lesa humanidad. Sanji Monageng , presidente de la sala que pidió la detención del dictador libio, indicó que los acusados controlaban “el aparato estatal y a las fuerzas armadas que atacaron a la población durante las revueltas”.
El conflicto en Libia condujo a una rebelión a gran escala y a un conflicto armado que contó con el apoyo de la Otán y otros países aliados a los opositores. Cuando las tropas opositoras lograron el control de Trípoli, la capital, Gaddafi huyó a Sirte.
La orden de arresto contra el dictador se retiró en noviembre de 2011 debido a su muerte, en septiembre de ese año, a manos de milicias de Misrata. La situación en Libia fue la segunda referida por el Consejo de Seguridad de la ONU a la Corte Penal Internacional y la segunda investigación en un Estado no firmante del Estatuto de Roma.
Saif Al-Islam Gaddafi, entre tanto, está prófugo. No se encuentra bajo la custodia del Tribunal. "El caso permanece en la etapa preliminar, a la espera del traslado de Saif Al-Islam Gaddafi a la sede de la Corte en La Haya", explica la CPI. El caso contra Al-Senussi fue declarado inadmisible el 11 de octubre de 2013.
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Otro caso relevante es el de Laurent Gbagbo , presidente de Costa de Marfil entre 2000 y 2011, y quien en 2011 fue el primer exjefe de Estado bajo custodia de la Corte Penal Internacional.
En Costa de Marfil, tras las elecciones de 2010, se desató un escenario de violencia, luego de que Gbagbo se declarara vencedor en las presidenciales, cuando la comisión electoral independiente le había dado el triunfo al opositor Alassane Ouattara. La comunidad internacional reconoció al opositor como ganador, e impuso sanciones económicas contra Gbagbo.
El 11 de abril de 2011, Gbagbo fue detenido en el búnker en el que se había recluido durante varios días por las fuerzas que respondían al electo Ouattara.
En noviembre de ese año, Gbagbo fue extraditado a La Haya para ser juzgado. La CPI lo juzgó conjuntamente con el líder de la juventud Charles Blé Goundé por cuatro cargos de delitos contra la humanidad —asesinato, violación, otros actos inhumanos y persecución— cometidos por el gobierno contra la oposición entre 2010 y 2011, durante la violencia postelectoral en esa nación africana, donde murieron al menos 3 mil personas y se profundizó la división social.
El organismo ordenó en noviembre de 2011 sus arrestos y sus casos se juntaron en 2015. La Fiscalía de la CPI aseguró que Gbagbo preparó la estrategia violenta contra sus opositores. El juicio comenzó en enero de 2016 y, tres años después, ambos acusados recibieron la absolución de sus cargos por mayoría de los jueces.
La Fiscalía apeló la decisión en septiembre de 2019, pero, en marzo de 2021, la Cámara de Apelaciones de la CPI confirmó su decisión absolutoria. “La absolución de los señores Gbagbo y Blé Goudé es final, ahora”, informó.
El expresidente regresó a Costa de Marfil a mediados de 2021.
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