Nueva York.— Un sombrío Donald Trump se declaró “no culpable” de los 34 cargos que le imputa la justicia de Manhattan por orquestar una trama ilegal para pagar a tres personas, a fin de evitar que dieran información dañina sobre él, de cara a las elecciones presidenciales de 2016 que ganó.
En una audiencia de casi una hora, el juez de origen colombiano Juan Merchán le informó de los 34 cargos que pesan sobre él por “falsificación de registros comerciales en primer grado”.
“No culpable”, dijo el expresidente de 76 años con voz clara en la sala ante el juez, donde se sentó cabizbajo, a veces mirando aburrido al magistrado y otras escuchando atentamente.
El fiscal Alvin Bragg resumió el caso tras la comparecencia, en la que Trump debió registrar sus huellas digitales y estuvo en calidad de arrestado mientras permaneció en el tribunal. De la audiencia se filtró la advertencia de Merchán a Trump sobre su retórica incendiaria en redes sociales.
Son tres los casos por los que el fiscal acusa a Bragg de falsificación de registros mercantiles: el pago a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, para evitar que revelara que tuvieron una relación; otro pago a la modelo Karen McDougal para evitar un libro sobre la relación que también sostuvieron y un tercer pago, hasta ahora desconocido, a un portero que “decía tener una historia sobre un hijo que Trump tuvo fuera del matrimonio”.
¿Por qué todo esto sería ilegal? Bragg explicó, por ejemplo, que en el caso de Daniels, el pago, que el entonces abogado de Trump, Michael Cohen, hizo a la mujer, le fue reembolsado por Trump, que lo “camufló como pagos por servicios legales”; de haber dicho la verdad, detalló Bragg, Trump habría “admitido un crimen”, porque los pagos superaban el límite de financiamiento de campaña.
El fiscal señaló que Trump recorrió “grandes distancias para ocultar su conducta”, dando lugar a decenas de entradas falsas en los registros mercantiles de su empresa para “ocultar la actividad delictiva, incluyendo intentos para violar las leyes electorales estatales y federales”.
Los tres casos, dijo Bragg, tienen algo en común: se cometieron actividades delictivas como el establecimiento de empresas de pantalla y la producción de documentos falsos, algo que el fiscal comparó con una “conspiración para promocionar una candidatura [electoral] por medios ilegales”.
Todd Blanche, uno de los abogados de Trump, admitió que la “inculpación en sí es estándar”, pero la tachó de “triste” y prometió “luchar” contra ella “con fuerza”.
Los fiscales dijeron que esperan presentar la mayor parte del descubrimiento en los próximos 65 días. El equipo de Trump tiene hasta el 8 de agosto para presentar mociones y la fiscalía responderá antes del 19 de septiembre. El juez Merchán dijo que dictaminará sobre las mociones en la próxima audiencia en persona, programada para el 4 de diciembre. El juez también reconoció el derecho de Trump a la libertad de expresión, pero advirtió a ambas partes que no inciten a la violencia ni a disturbios civiles con palabras o acciones. En caso de que haya un juicio, no arrancaría antes de enero de 2024.
“El país se está yendo al infierno”
Cuando regresó a su propiedad de Florida, Mar-a-Lago, Trump aseguró que la acusación en su contra es un intento del gobierno de Joe Biden de “interferir en las elecciones 2024” y acusó que el país “se está yendo al infierno”. Mencionó que “el único crimen que he cometido es defender sin temor a nuestra nación de quienes buscan destruirla”.
Según él, se trata de una “persecución lunática”, sin bases. Trump fue interrumpido en varias ocasiones por el público, especialmente cuando habló del presidente Biden, a quien llamó “lunático” y del fiscal de Manhattan Alvin Bragg, quien, según dijo, es “el único criminal. Somos una nación fallida. Somos una nación en declive”. Insistió en que la acusación en su contra “es una persecución, no una investigación”.
Este es sólo uno de los varios problemas judiciales del expresidente, quien también está bajo escrutinio por su esfuerzo para anular su derrota electoral de 2020 en Georgia; por su posible papel en la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio y el manejo de documentos clasificados tras abandonar la presidencia. La Casa Blanca dijo que Joe Biden está “informado” del caso, pero “no es su prioridad”.
