Donald Trump fue acusado el martes en una investigación del Departamento de Justicia sobre presuntos esfuerzos por anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, que culminó en el violento motín de sus partidarios en el Capitolio de Estados Unidos.
La acusación, el tercer caso penal presentado contra el expresidente en su intento de recuperar la Casa Blanca en 2024, sigue a una larga investigación federal sobre los planes de Trump y sus aliados para subvertir la transferencia pacífica del poder y mantenerlo en el cargo a pesar de una derrota decisiva ante Joe Biden.
El caso penal llega mientras Trump lidera el campo de los republicanos que compiten por capturar la nominación presidencial de su partido. Por ello es probable que el expresidente y sus seguidores descarten el proceso como otro enjuiciamiento por motivos políticos. Sin embargo, los cargos se derivan de una de las amenazas más graves a la democracia estadounidense en la historia moderna.
Trump fue acusado de cuatro cargos: conspiración para defraudar a Estados Unidos; conspiración para obstruir un procedimiento judicial; obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial y conspiración contra los derechos.
En particular, la acusación de obstruir un procedimiento podría acarrear hasta 20 años de cárcel.
Se centran en los turbulentos dos meses posteriores a las elecciones de noviembre de 2020, en los que Trump se negó a aceptar su derrota y difundió mentiras de que le robaron la victoria. La agitación resultó en el motín del Capitolio de EU, el 6 de enero de 2021, cuando los leales a Trump irrumpieron violentamente en el edificio, atacaron a los agentes de policía e interrumpieron el conteo de votos electorales en el Congreso.
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Entre la elección y los disturbios, Trump instó a los funcionarios electorales locales a deshacer los resultados de las votaciones en sus estados, presionó al exvicepresidente Mike Pence para que detuviera la certificación de los votos electorales y afirmó falsamente que las elecciones habían sido robadas, una noción que los jueces rechazaron repetidamente.
Esta acusación se esperaba desde que Trump dijo a mediados de julio que el Departamento de Justicia le había informado que era el objetivo de su larga investigación del 6 de enero. Un comité bipartidista de la Cámara de Representantes que pasó meses investigando el periodo previo a los disturbios en el Capitolio también recomendó procesar a Trump por cargos que incluyen ayudar a una insurrección y obstruir un procedimiento oficial.
Los crecientes casos penales contra Trump, sin mencionar los múltiples casos civiles, se están desarrollando al calor de la carrera de 2024. Una condena en este caso, o en cualquier otro, no impediría que Trump persiga la Casa Blanca o se desempeñe como presidente.
En Nueva York, los fiscales estatales acusaron a Trump de falsificar registros comerciales sobre un pago de dinero secreto a una actriz para adultos antes de las elecciones de 2016. El juicio comienza a fines de marzo.
En Florida, el Departamento de Justicia ha presentado más de tres docenas de cargos por delitos graves contra Trump , acusándolo de poseer ilegalmente documentos clasificados después de dejar la Casa Blanca y ocultárselos al gobierno. El juicio comienza a finales de mayo.
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La última acusación federal contra Trump se centra en gran medida en las acciones tomadas en Washington, y el juicio se llevará a cabo ahí, en un juzgado ubicado entre la Casa Blanca que una vez ocupó y el Capitolio que sus partidarios una vez asaltaron. No se ha fijado fecha para el juicio.
Los fiscales en Georgia están investigando los esfuerzos de Trump y sus aliados para revertir su derrota electoral ante Biden ahí en 2020. Se espera que el fiscal de distrito del condado de Fulton anuncie una decisión sobre si acusar al expresidente a principios de agosto.
La investigación de los esfuerzos de Trump para anular las elecciones de 2020 estuvo a cargo del fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith. Su equipo ha interrogado a altos funcionarios de la administración Trump ante un gran jurado en Washington, incluidos Pence y los principales abogados de la Casa Blanca de Trump.
Rudy Giuliani, un abogado de Trump que presentó desafíos legales posteriores a las elecciones, habló voluntariamente con los fiscales como parte de un acuerdo, en el que las declaraciones de una persona no pueden usarse en su contra en ningún caso penal futuro que se presente.
Los fiscales también entrevistaron a funcionarios electorales en Georgia, Wisconsin, Michigan y otros lugares que fueron presionados por Trump y sus asociados para cambiar los resultados de la votación en los estados ganados por Biden, un demócrata.
Los puntos focales de la investigación de intromisión electoral del Departamento de Justicia incluyeron el papel desempeñado por algunos de los abogados de Trump, la recaudación de fondos posterior a las elecciones, una reunión caótica de diciembre de 2020 en la Casa Blanca en la que algunos asistentes de Trump discutieron la posibilidad de incautar las máquinas de votación y el alistamiento de falsos electores a presentar certificados a los Archivos Nacionales y al Congreso afirmando falsamente que Trump, no Biden, había ganado los votos de sus estados.
Trump ha estado tratando de usar los crecientes problemas legales para su beneficio político, afirmando sin evidencia en las redes sociales y en eventos públicos que los fiscales demócratas están impulsando los casos para dañar su campaña electoral de 2024.
Las acusaciones han ayudado a su campaña a recaudar millones de dólares de los partidarios, aunque recaudó menos después de la segunda que de la primera, lo que genera dudas sobre si los cargos posteriores tendrán el mismo impacto.
Un comité de recaudación de fondos que respalda la candidatura de Trump comenzó a solicitar contribuciones sólo unas horas después de que el expresidente revelara que él era el foco de la investigación del Departamento de Justicia del 6 de enero, calificándolo como “simplemente otro acto vicioso de interferencia electoral en nombre del Estado Profundo para intentar y impedir que la Mayoría Silenciosa tenga voz en su propio país”.
El fiscal general Merrick Garland nombró el año pasado a Smith, un fiscal internacional de crímenes de guerra que también dirigió la sección de corrupción pública del Departamento de Justicia, como asesor especial para investigar los esfuerzos para deshacer las elecciones de 2020 y la retención por parte de Trump de cientos de documentos clasificados en su mansión de Mar-a-Lago. Aunque Trump se ha burlado de él como "trastornado" y ha sugerido que tiene motivaciones políticas, la experiencia pasada de Smith incluye la supervisión de juicios significativos contra demócratas de alto perfil.
La investigación del Departamento de Justicia sobre los esfuerzos para revocar las elecciones de 2020 comenzó mucho antes del nombramiento de Smith, y prosiguió junto con investigaciones criminales separadas sobre los propios manifestantes del 6 de enero.
Más de mil personas han sido acusadas en relación con la insurrección, incluidas algunas de conspiración sediciosa.
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