Más Información
Managua.— El gobierno nicaragüense nombró director de la Policía Nacional a un oficial sancionado por Estados Unidos por su vinculación con violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción.
El nombramiento del comisionado general Francisco Díaz, consuegro del presidente Daniel Ortega, fue publicado ayer en la oficial La Gaceta.
El acuerdo firmado por Ortega establece que Díaz estará a cargo de la fuerza desde el 5 de septiembre.
En la misma edición, La Gaceta informó que Ramón Avellán y Adolfo Marenco asumirán desde el 1 de septiembre como subdirectores generales de la policía nicaragüense, con lo que pasan a la línea de sucesión de la dirección general, que tiene como jefe supremo a Ortega.
Avellán era jefe policial de Masaya y estuvo a cargo de las ofensivas armadas contra manifestantes a mediados de julio pasado.
Ese mismo mes, un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos informó que Díaz había sido sancionado con la Ley Global Magnitsky por dirigir a la Policía Nacional para cometer “graves abusos de los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua”. Esta norma permite al gobierno de EU imponer sanciones económicas a ciudadanos de todo el mundo que hubieran cometido abusos a los derechos humanos y actos de corrupción en sus países de origen.
Ayer mismo, cuatro jóvenes activistas del Movimiento 19 de Abril (M19A) de Nicaragua que habían sido capturados horas antes en la ciudad de Granada mientras organizaban una marcha fueron liberados, informaron miembros de esa organización vinculada a las protestas contra el gobierno. En contraste, la policía acusó de terrorismo a Santiago Fajardo, hermano de Christian Fajardo, a quien la oposición considera “reo político”.
Según la policía, Santiago, “junto con otros delincuentes, desde el 21 de abril al 17 de julio, planificaban, organizaban y ejecutaban actos criminales en contra de la población, creando a la ciudadanía terror y zozobra, además de realizar secuestros, asesinatos, asaltos, saqueos e incendios a instituciones públicas y privadas en el departamento de Masaya”.
Por su parte, el diario La Prensa informó en su edición digital que el sacerdote católico César Gutiérrez abandonó el país tras recibir amenazas de muerte y una supuesta acusación judicial por terrorismo.
