Brasilia.— El informe sobre la pandemia que acusa de crímenes contra la humanidad al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, llegó ayer a la Fiscalía General, que analizará unas imputaciones que el mandatario tachó de “payasada”. El documento, elaborado por una comisión del Senado y aprobado el martes, fue recibido por el fiscal general, Augusto Aras, que se comprometió a estudiar las acusaciones que salpican a Bolsonaro, cuatro ministros y una decena de legisladores, que por su condición de aforados sólo pueden ser investigados por ese organismo.
La comisión dice haber recabado graves indicios sobre la supuesta responsabilidad del gobierno en el agravamiento de la pandemia de Covid-19, que ha matado en el país a más de 606 mil personas.
“El fiscal general debe ser defensor de los derechos del pueblo y no del gobierno de turno. Estaremos vigilantes”, declaró el senador Randolfe Rodrigues, vicepresidente de la comisión, tras la entrega del informe. Aludió así a las dudas que existen en la oposición en relación a Aras, un fiscal alineado muchas veces con el gobierno y que durante los dos últimos años ha archivado unas 90 denuncias presentadas contra Bolsonaro por diversos asuntos.
Aras no hizo declaraciones a los periodistas, pero la fiscalía publicó en sus redes sociales que “esta comisión ha producido resultados”, los cuales se traducen en “denuncias” que ese organismo se propone investigar, aunque no tiene un plazo legal para ello. El informe, que acusa a un total de 78 personas y dos empresas de delitos vinculados a la pandemia, será entregado también a otras instancias para que investiguen a los no aforados y, en el caso de Bolsonaro, será remitido incluso a la Corte Penal Internacional de La Haya.
Bolsonaro volvió a descalificar a la comisión parlamentaria y aseguró que ese grupo fue movido estrictamente por intereses políticos que apuntan a desgastar a su gobierno de cara a las elecciones presidenciales de 2022, en las que aspira a renovar su mandato. “Eso es una payasada”, declaró el mandatario en una entrevista con la emisora Jovem Pan.
Bolsonaro aseguró que no está preocupado con su futuro, pues el informe de la comisión parlamentaria “no vale nada”, pero reconoció que “hacia afuera de Brasil la imagen es pésima” y afecta hasta a la economía del país.
“Hay quien cree que aquí tenemos una dictadura, que yo meto presos a los periodistas, que cerceno la libertad de expresión, que maté gente en la pandemia, y todo eso influye en la gente que quiere invertir en Brasil y luego no invierte”, declaró.
Según el presidente, “todo eso afecta a la bolsa, el precio del dólar, va a la inflación”, “perjudica a todos” y está movido sólo por los “intereses políticos de siete senadores”, apuntó. Aludió así al número de parlamentarios que aprobaron el informe de la comisión, que tenía un total de 11 miembros y sólo cuatro alineados en las filas bolsonaristas, que votaron en contra.
Además, el mandatario brasileño solicitó a la Corte Suprema de Justicia rechazar los pedidos para levantar su sigilo en las redes sociales e impedir su participación en las mismas, efectuados por la misma comisión del Senado. Calificó dicha solicitud como “ilegal” y “arbitraria”.
