Más Información
Managua.— Amnistía Internacional (AI) culpó ayer al gobierno de Daniel Ortega de implementar y mantener una estrategia de represión “en ocasiones intencionalmente letal” y elevó a 83 el número de muertos durante la crisis sociopolítica en Nicaragua, al tiempo que la policía anunció la liberación de 22 jóvenes arrestados en el marco de las protestas.
Según el informe Disparar a matar, presentado por AI en Managua, “existen razones para pensar que las autoridades nicaragüenses, incluso las más altas, implementaron y mantuvieron una estrategia de represión, en ocasiones intencionalmente letal, a lo largo de las semanas de protesta”.
De acuerdo con el estudio, “no sólo se privó arbitrariamente de la vida en el marco de la protesta y del uso excesivo de la fuerza”, sino que además considera que “un elevado número de casos podrían considerarse ejecuciones extrajudiciales”.
La organización señaló que “existe un patrón que indicaría que los grupos parapoliciales, la policía nacional y las fuerzas antimotines, causaron la muerte de manera intencional, en un significativo número de casos”.
La directora para las Américas de AI, Érika Guevara-Rosas, dijo que “estamos frente a una política sistemática de represión violenta por parte de las autoridades del Estado contra los manifestantes”. El informe fue realizado entre el 4 y el 13 de mayo en Nicaragua por un equipo de expertos de la organización que viajaron al país “para investigar las denuncias de graves violaciones de derechos humanos”.
Pese a que la sociedad nicaragüense deposita todas sus esperanzas en la reanudación del diálogo nacional, todavía sin convocar, Guevara-Rosas señaló que “hay poca confianza en que el gobierno, y particularmente el presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, tenga una verdadera voluntad de buscar una solución pacífica y duradera”. En la presentación del informe, la activista nicaragüense Bianca Jagger denunció que “están matando como perros” a los jóvenes. “Aquí tenemos una guerra sucia” por parte del gobierno, subrayó.
SIP reclama fin de “represión”. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) llamó desde Miami al cese de “la violencia y la represión” en el país centroamericano. El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, pidió también “garantizar plenamente el derecho a las libertades de expresión y de reunión de los nicaragüenses”.
Al mismo tiempo, denunció las agresiones sifridas por periodistas.
Cuando el país cumplió 42 días de una crisis que inició en rechazo a las reformas a la seguridad social propuestas por Ortega, la policía nicaragüense aseguró que los ataques, saqueos y paros ocurridos en distintos puntos del país son “financiados por el narcotráfico y el crimen organizado”.
Por su parte, la vicepresidenta Murillo lamentó lo que llamó “actos de vandalismo incomprensible en nuestra Nicaragua”, aludiendo a lo ocurrido en la ciudad de Masaya, 29 kilómetros al sureste de Managua y una de las más golpeadas por la violencia nocturna, ya que la población atacó la sede de la policía nacional en represalia porque las fuerzas policiales y “parapoliciales” agredieron a estudiantes atrincherados en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) horas antes en Managua.
La policía liberó a 22 manifestantes arrestados en el marco de esos choques en la UNI, tras la mediación de la Iglesia católica. Sin embargo, madres de familia externaron su decepción porque no fueron liberados jóvenes que se cree fueron detenidos en días anteriores.
El 24 de abril pasado decenas de estudiantes detenidos en las protestas contra Ortega aparecieron rapados y descalzos, caminando en una carretera de las afueras de Managua, después de ser puestos en libertad.
Un grupo de 10 activistas nicaragüenses lanzaron desde Costa Rica un llamado a la comunidad internacional para presionar al gobierno de su país a que respete los derechos humanos. “Hacemos un SOS internacional por la tutela de los derechos humanos, para denunciar la profunda crisis de derechos humanos que existe hoy en Nicaragua”, dijo a la AFP Álvaro Leiva, secretario de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (ANPDH).
