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Washington.— Activistas por los derechos de los migrantes denunciaron ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la militarización de la política migratoria mexicana y la gestión de la frontera, especialmente por las actividades de una Guardia Nacional cuyas acciones carecen de “transparencia y control”, y permiten devoluciones sumarias de migrantes sin el debido proceso.
En el marco de la sesión virtual sobre Protección de los derechos humanos de las personas en situación de movilidad humana en México, las activistas denunciaron que el despliegue de fuerzas de seguridad y su carga militar han servido para “detener y criminalizar la migración”.
El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández-Maldonado, dijo: “Las autoridades mexicanas han adoptado importantes acciones para aplicar este enfoque [de derechos humanos] en su política migratoria (…) pero todavía prevalece un enfoque que privilegia el despliegue de las fuerzas armadas y otros cuerpos policiales en tareas de control migratorio”.
Sofía de Robina, del Centro Prodh, denunció que “seguimos viendo a [fuerzas militares] no solamente desplegadas sobre el terreno, sino (...) realizando tareas en migración”. Las activistas denunciaron que, a pesar del cambio de gobierno en EU, sigue vigente el acuerdo por el cual se desplegaron más de 20 mil efectivos de la Guardia Nacional en la frontera para —en parte— frenar la migración.
El titular de la unidad de transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Facundo Santillán Julián, dijo que la Guardia Nacional “por ley puede colaborar con el Instituto Nacional de Migración, pero ello no debe implicar que las autoridades de seguridad puedan realizar de manera independiente” tareas de migración.
