Bruselas.— El 112 SOS del gobierno de la comunidad autónoma de La Rioja, España, recibió a las 12:45 horas la llamada de una persona reportando una “gran explosión” en la planta de biodiesel de Calahorra.
Dos empleados que realizaban trabajos de soldadura habían perdido la vida luego de ser lanzados a 20 metros de distancia por la detonación. Para evitar un desastre mayor, 230 niños que se encontraban en un parque temático, ubicado a unos 700 metros del complejo, fueron evacuados.
El incidente registrado el 26 de mayo de 2022 obligó a la creación de una comisión parlamentaria y aparentemente intentaron ocultar la magnitud de la tragedia. Un documento de la Comisión Europea reveló que “en el momento del accidente, los tanques de aceite también contenían otras sustancias, como metanol, ácido sulfúrico y ésteres metílicos. Esta situación no había sido declarada a la autoridad competente”.
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Cuatro meses antes, el 25 de enero, a las 21:00 horas, trabajadores de la planta de producción y almacenamiento de pesticidas, biocidas y fungicidas, en el parque industrial de la ciudad húngara de Sajóbábony, reportaron un “grave accidente” en la unidad de producción de fosgeno.
El incidente se cobró la vida del operador, quien al final de turno y de camino a casa vio deteriorarse significativamente su salud; falleció en la unidad de cuidados intensivos durante la madrugada. Los servicios de emergencia de la ciudad alemana de Leverkusen entraron en acción por su lado al presenciar cómo una nube de humo negro cubría el cielo de la ciudad. A causa de un incendio en la planta química de Chempark, la policía reportó la muerte de siete personas y 31 heridos.
Como medida preventiva, la autoridad recomendó a los residentes permanecer en el interior, cerrar las ventanas, no comer frutos de sus huertos y mantener a los niños alejados de las zonas públicas de recreo por riesgo de contaminación.
Cuatro décadas después de la entrada en vigor de la directiva europea Seveso, nombre en memoria del denominado Hiroshima italiano, el desastre en la planta química de ese municipio en 1976 y que elevó la incidencia de cáncer en la región, en la Unión Europea (UE) siguen ocurriendo accidentes graves en los sectores en los que intervienen sustancias peligrosas. La base de datos de accidentes graves (eMARS), gestionada por la Oficina de Riesgos del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea y que da seguimiento a la actividad de más de 12 mil establecimientos industriales en la UE, registró 140 casos entre 2016 y 2021, 75 de los cuales se relacionaron con la liberación de sustancias tóxicas; 38 con daños a la propiedad, y 37 con impactos en la salud humana.
En total perdieron la vida 44 personas y 205 sufrieron heridas. Un evento registrado en 2019 provocó el cierre de 237 escuelas en 12 comunidades, y otro en 2017 ocasionó que más de 500 personas tuvieran que beber agua embotellada por nueve días por contaminación de bromo en el suministro del vital líquido.
La Comisión Europea sostiene que las medidas aplicadas y los rigurosos criterios de control introducidos han contribuido a los esfuerzos por prevenir incidentes, pero al mismo tiempo admite que seguirán ocurriendo casos por el creciente uso de productos químicos en la industria.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) estimó el tamaño global de la industria química (sin contar farmacéuticos) en 3.6 billones de euros en 2017 y está previsto que alcance los 6.6 billones en 2030. El ejecutivo comunitario asegura que los riesgos aumentan por el cambio climático, la expansión urbana y el envejecimiento de la infraestructura industrial. El desarrollo tecnológico supone un desafío adicional, por un lado ofrece nuevas herramientas de seguridad, pero al mismo tiempo está creando vulnerabilidades; la automatización de los procesos implica retos asociados a errores de programación y fallas de software.
A esto se añade la probabilidad de errores humanos y actos maliciosos deliberados, incluyendo la posibilidad de un ataque cibernético. Una preocupación añadida es la guerra del presidente ruso Vladimir Putin en Ucrania, la cual tendrá consecuencias para toda la región.
“La contaminación química no siempre se queda dentro de las fronteras nacionales. La contaminación del aire puede viajar y la contaminación del agua puede afectar a los países vecinos, por lo tanto, debemos entender que el impacto ambiental del conflicto en Ucrania no sólo se limita al país, sino que se extiende a la región”, declaró recientemente Cecilia Aipira, titular de la Subdivisión de Desastres y Conflictos del PNUMA.
Ucrania es la segunda nación más grande en Europa en dimensión territorial y cuenta con numerosos sitios dedicados a la química, la minería y la transformación de petróleo.
El último inventario del gobierno tenía registrados 609 complejos industriales dedicados al procesamiento o almacenamiento de 219 mil toneladas de químicos tóxicos, incluyendo 3 mil 200 toneladas de cloro y 177 mil de amoníaco.
Algunas plantas están conectadas al oleoducto de amonio Tolyatti-Odessa, con una longitud de 2 mil 47 kilómetros y ubicado en la parte del país que registra continúa actividad bélica.
A esto se añaden cuatro centrales nucleares, 17 reactores y numerosas instalaciones de depósito y eliminación de desechos radiactivos. Además hay una planta nuclear clausurada en Chernóbil desde el accidente de 1986, en donde se almacenan restos altamente peligrosos.
Por si el riesgo no fuera suficiente, Ucrania almacenaba antes del inicio de la actividad militar un millón 482 mil toneladas métricas de residuos generados por la industria química, entre los que hay una gran cantidad de plaguicidas obsoletos.
Hasta junio de 2022, la Agencia de Inspección Ambiental de Ucrania tenía confirmados siete incidentes en los que se habían liberado sustancias altamente tóxicas por actividades militares.
Por ejemplo, el artefacto que golpeó un tanque de almacenamiento en una planta química localizada en Rubizhne, Luhansk, liberó el 5 de abril 80 toneladas de ácido nítrico, afectando un radio de 3.5 kilómetros.
El Organismo Internacional de la Energía Atómica afirma que el aumento de las hostilidades y las interrupciones al suministro eléctrico, como ocurrió en la planta nuclear localizada en Zaporiyia, muestran un riesgo permanente.
El director general del organismo, Rafael Mariano Grossi, asegura que cada corte de electricidad o llamada de emergencia es como lanzar los dados al aire: “Si permitimos que esto continúe una y otra vez, algún día nuestra suerte se acabará”, alerta.
Los incidentes tecnológicos no sólo causan muertes y lesiones entre trabajadores y los habitantes de las zonas aledañas, también provocan importantes afectaciones ambientales y enormes pérdidas económicas. En algunos casos, los daños ocurridos siguen sintiéndose años después.
En un estudio preliminar, el PNUMA afirma que el actual conflicto provocado por Rusia dejará en Ucrania y en toda la región un legado tóxico para las futuras generaciones.
Los daños a los sitios industriales químicos y a la infraestructura crítica urbana están provocando incendios y liberando contaminantes en el aire, el agua y el suelo, creando peligros inmediatos y a largo plazo para la salud humana y el medio ambiente.
Algunos sitios golpeados por la artillería contienen una amplia variedad de productos químicos tóxicos, creando un ecosistema de riesgos ambientales con impactos negativos que pueden perdurar durante décadas.
Los problemas ambientales y para la salud humana que se están acumulado son similares a los vistos en otros conflictos, como Líbano, Chechenia, Georgia, Gaza, Irak, Siria y Yemen.
El Center for Civilians in Conflict, con sede en Washington, sostiene que las cicatrices de la guerra en Yemen prevalecerán en las décadas por venir afectando la calidad del agua y los suelos.
