San José.— Con un pícaro juego de palabras, el mercado de las medicinas en América Latina y el Caribe se convirtió en un eterno dolor de cabeza... y de bolsillos.
Mientras los fármacos escasean, se encarecen, son sustraídos de las bodegas de fuentes estatales o privadas para abastecer el pujante mercado de contrabando, son falsificados o son acaparados y monopolizados para especular, los consumidores son las víctimas de las turbulencias del sensible negocio de productos vitales.
“El escenario es volátil”, admitió la costarricense Victoria Brenes, administradora de empresas y directora ejecutiva de la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma).
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“Luchamos para que los seguros sociales de cada país mejoren el acceso de toda la población a los medicamentos. Pero la realidad es otra: aumenta el gasto de bolsillo de las personas”, dijo Brenes a EL UNIVERSAL.
Basada en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), club mundial de países ricos al que pertenecen naciones del Tercer Mundo, Brenes explicó que “lo ideal” sería que “el gasto de bolsillo” cubra apenas 21% de las necesidades de medicamentos y que el restante 79% sea cubierto por los Estados mediante su seguridad social.
Sin embargo, en la realidad lo que ocurre es que “con algunas diferencias entre unos y otros, los seguros sociales tienen bajas coberturas de medicinas y carecen de la disponibilidad suficiente para abastecer todas las necesidades. Tampoco tienen los medicamentos más modernos”, aseguró.
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El promedio de inscripción de los productos medicinales innovadores tarda de siete a 10 años en Centroamérica. “Quiere decir que cuando ya ese fármaco queda inscrito y entra al mercado, obviamente que está superado por otros más modernos, porque los avances tecnológicos y de investigación van muy rápido en comparación con los tiempos para inscribir en los países centroamericanos”, destacó.
Cuando uno u otro artículo escasea o “simplemente no está” en las ofertas de los seguros sociales, los consumidores “buscan alternativas en los proveedores privados. Y esto es lo más triste, porque muchas personas que sufren enfermedades crónicas y otros males carecen del dinero requerido para poder pagar altos precios”.
Al subrayar que la industria farmacéutica se concentró en seguir impulsando “la urgencia de la prevención y de la atención primaria” para disponer de un panorama real, lamentó que “todavía en muchos países se cree que la salud es un gasto. No, la salud es una inversión. Si se previene y hay servicio primario, a mediano y largo plazos habrá ahorro”.
Frente a las reiteradas denuncias de que los gigantes mundiales de la investigación y de la producción de farmacéuticos acostumbraron recurrir a prácticas monopólicas y especulativas para favorecerse con ganancias multimillonarias con movimientos ilegales, abiertos, encubiertos, solapados y cuestionables, Brenes defendió: “No se puede hablar de monopolios”.
El “acceso equitativo” se consolidó como una de las normas tradicionales de las farmacéuticas, argumentó. “La práctica siempre ha sido que los países más desarrollados paguen más caro por las medicinas, para compensar y que los países más pobres paguen menos o lo más bajo posible”. Pero la duda es si ese precepto comercial se respetó. “Sí se cumple. Hay instituciones como las organizaciones Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud que buscan cómo ayudar a los países más pobres. Es un trabajo conjunto con el objetivo esencial de respaldar a los seguros sociales para que tengan un mejor y un mayor acceso a los productos”, adujo.
Fedefarma solicitó “promover el acceso a medicamentos innovadores y de alta calidad para Centroamérica y el Caribe, fomentando un entorno de libre competencia y respeto a la propiedad intelectual, dentro de los más altos estándares éticos”.
Gigantes farmacéuticos mundiales se consolidaron en los siglos XX y XXI en el comercio latinoamericano y caribeño: Genomma Lab. Internacional, de México; Sanofi, de Francia; Astra Zeneca, de Reino Unido; Pfizer y Abbot, de Estados Unidos; Roche, de Suiza, y Eurofarma y Aché, de Brasil, entre otros.
En el actual siglo y en el anterior, al negocio se sumaron otras numerosas firmas privadas y estatales, de Colombia, Brasil y Argentina a Cuba, Costa Rica o Panamá, que incursionaron para compartir un comercio con cantidades multimillonarias en los 33 países latinoamericanos y caribeños, según los datos más recientes de fuentes médicas y empresariales.
La Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica (Fifarma), una instancia privada que aglutina a las asociaciones locales y a las compañías farmacéuticas de investigación y desarrollo de América Latina y el Caribe, reportó que el trabajo de ese sector económico “contribuye a crear soluciones alrededor de los grandes desafíos de la salud global y regional”. La tasa de crecimiento anual compuesto de la industria farmacéutica en la región para el periodo de 2021 a 2026 será de 9.7% y superará a Europa y Medio Oriente, de acuerdo con los pronósticos publicados por la Federación.
A pesar de que los recuentos macroeconómicos expusieron una vigorosa estructura de un lado de la ecuación —el integrado por productores y comerciantes— con operaciones cuantiosas, del otro hay un aparato frágil. Así lo planteó el epidemiólogo brasileño Jarbas Barbosa da Silva Jr., director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), al intervenir el 13 de este mes en Washington en la Reunión Regional de la Cumbre Mundial de la Salud. Barbosa utilizó una palabra para describir la situación: inaceptable.
Al puntualizar que para agravar el drama de que casi un tercio de los 661 millones de habitantes de América Latina y el Caribe subsiste por debajo de la línea de miseria y más de 80% reside en barrios marginales urbanos con escaso o nulo acceso a servicios de saneamiento y de agua potable, Barbosa mencionó que a esos estratos se les colocó ante la alternativa de pagar por su salud.
“Todavía se pide a las familias que cubran de su propio bolsillo más de un tercio de los gastos en salud”, recalcó.
“Esto es inaceptable para todos”, advirtió, sin eludir el flanco medicinal. “Ampliar la capacidad de nuestra región para producir medicamentos y vacunas será esencial para protegernos contra amenazas sanitarias ahora y en el futuro”, pronosticó.
Con la experiencia de la crisis por el coronavirus, cuyo ataque en América Latina y el Caribe comenzó en febrero de 2020, el jerarca de la OPS deslizó unas perspectivas inquietantes.
La fragilidad quedó demostrada con que “América Latina y el Caribe dependen casi totalmente de otras regiones para producir herramientas sanitarias”, narró.
“Como vimos durante la pandemia de Covid-19, nuestra región lucha con demasiada frecuencia para acceder a herramientas que salvan vidas, como diagnósticos, medicamentos y vacunas”, rememoró. La salud tendrá que ser “prioridad” de los 33, más allá de “conflictos mundiales y nacionales”, reclamó.
Pero llegar a ese objetivo pleno e ideal para las políticas públicas implicaría cumplir requisitos definidos por la Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas (ALIFAR), instancia privada que reúne a cámaras y agrupaciones de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Al reafirmar que todos los países de América Latina y el Caribe “deben disfrutar” de un suministro adecuado de medicinas de sus respectivas industrias, sugirió garantizar “rápidamente el abastecimiento más amplio y autónomo posible de materias primas y productos intermedios, en condiciones internacionalmente competitivas”.
También evaluó la mezcla de intereses públicos y privados. “Las empresas del sector privado no deben ser sustituidas, sino promovidas por el Estado dentro de un régimen de libre competencia.
Las políticas y reglamentaciones gubernamentales deben diseñarse y aplicarse en consulta con las empresas nacionales, y cuidando que no sirvan indirectamente como un medio para desplazarlas del mercado”, con industrias locales insertadas en el proceso internacional “de innovación tecnológica”.
Las farmacéuticas nacionales deben servir a “las necesidades de salud pública de cada país, y cooperar con los gobiernos en sus planes de modernización y adecuación de las estructuras productivas a las exigencias de una industria eficaz y responsable”, recomendó.
Lejos de las retóricas, Venezuela profundizó este año la más severa escasez de medicamentos en la historia de América Latina y el Caribe.
Alentado por las carencias y por los altos precios, el contrabando de medicinas filtró fronteras y, con los riesgos de productos adulterados y con vigencia vencida, se intensificó en este siglo de Colombia a Venezuela, de Nicaragua a Costa Rica, de México a Guatemala y Belice o en la Triple Frontera de Paraguay, Argentina y Brasil.