Quito. "Me dispararon a matar y mataron a Javier", dice Eduardo Velasco, que se recupera de una herida de bala provocada por soldados. El incidente ocurrió en un control militar en Ecuador, donde se multiplican las denuncias de abusos de la fuerza pública en la guerra contra el narco.
El 2 de febrero, este hombre de 34 años conducía junto a su primo Javier Vega, de 19, para ir a vender una mascota en la ciudad portuaria de Guayaquil (suroeste), una de las más violentas del país.
Según el expediente judicial, Velasco avanzó pese a la restricción de circular y la llanta de su auto pasó sobre el pie de un militar. Él sostiene que, al retroceder, chocó a un patrullero.
En "ese momento escucho una detonación, mi primo me manotea (...) veo que le cambia el color, ya él se puso pálido", cuenta a la AFP Velasco, que se encuentra bajo arresto domiciliario por supuesto delito de ataque y resistencia.
"Veo que lo bajaron (a Javier), lo golpearon y le pisaban la cabeza", recuerda.
Incapaz de seguir conduciendo por el balazo en su hombro, Velasco también terminó en el suelo pisoteado por uniformados, según su relato.
Sin antecedentes penales, Javier Vega falleció un día después por cuatro tiros que le destrozaron los pulmones, el estómago y la columna.
Derechos humanos en Ecuador
El Comité de Derechos Humanos (CDH) acompaña a la familia en este caso, uno de los muchos de presunto uso excesivo de la fuerza por parte de uniformados en medio del estado de excepción que rige en Ecuador desde enero.
Según oenegés, las denuncias de abusos militares se multiplican desde que el presidente Daniel Noboa declaró al país en "conflicto armado interno" y movilizó a sus tropas en calles y prisiones para combatir a una veintena de organizaciones calificadas de "terroristas".
La AFP analizó 18 videos que circularon en redes sociales entre el 11 de enero y el 4 de febrero en distintas provincias. Al menos en 10 verificados se ven abusos como golpizas en las calles durante el toque de queda nocturno. Dentro de las cárceles, se han registrado humillaciones o estallidos de bombas de gas lacrimógeno muy cerca del rostro de presos semidesnudos y sometidos.
Laura Ipanaqué quiere limpiar el nombre de su hijo Javier, a quien las Fuerzas Armadas tildaron de "terrorista".
"Nadie va a llenar este vacío que me han dejado dentro, este dolor que tengo", sostiene la mujer, de 41 años.
La jueza del caso ordenó a la Fiscalía investigar una presunta extralimitación de funciones por parte de militares.
El abogado Fernando Bastias, coordinador del CDH, explica que "el uso desproporcionado de la fuerza fuera de las prisiones (...) es muy complejo de monitorear porque está pasando en casi todos lados y la gente cree que es normal porque hay un estado de excepción".
"Hemos visto gente golpeada, humillada por irrespetar el toque de queda", indica.
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El panorama es similar en las cárceles bajo control militar.
Durante una audiencia apoyada por el CDH para que 18 reclusos accedan a atención médica, algunos relataron supuestas torturas incluso con descargas eléctricas.
"Me hicieron abrir las piernas y me dan (un golpe) en los testículos, me dan con el cable en la espalda", dijo un preso.
Un juez dictaminó que hubo vulneraciones a derechos y ordenó resarcirlas.
La AFP solicitó entrevistas con el ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas, pero los dos declinaron los pedidos.
En paralelo, las Fuerzas Armadas difunden videos sobre reclusos bajo estricta disciplina militar mientras hacen ejercicio, barren pisos, cantan o dicen tener mejores condiciones de vida dentro de las cárceles.
La ONU pidió a Ecuador una respuesta "proporcionada" ante la ola de violencia.
Noboa, de 36 años, defiende su política de mano dura.
"Que ningún antipatria nos venga a decir que nosotros estamos violando los derechos de nadie, cuando lo que estamos es protegiendo los derechos de la gran mayoría", dijo recientemente el presidente más joven de Ecuador, rodeado de militares.
Para Fernando Bastias, esas declaraciones abonan la polarización y el camino hacia una eventual reelección presidencial ante un electorado hastiado de una guerra entre bandas criminales que dejó en 2023 un récord de 46 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Según el experto, tomar el control de las prisiones dominadas por bandas es lo "correcto", pero "ejercer la tortura como una especie de castigo (...) está prohibido por el derecho internacional humanitario".
En vez de promover la "administración de justicia" se impulsa un "sentimiento de venganza", estimó.
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El fallo sobre vulneraciones contra 18 presos es un ejemplo sobre la necesidad de "detener" la "brutalidad con la que las Fuerzas Armadas estaban ejerciendo los maltratos dentro de prisión", continuó Bastias.
Para su organización, la militarización de las cárceles donde han muerto más de 460 reclusos desde 2021 oculta una deuda pendiente: la depuración de la fuerza pública, salpicada por escándalos de corrupción, violaciones de derechos humanos y narcotráfico.
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