Panamá.— Un tribunal de Panamá declaró ayer “no culpable” al expresidente Ricardo Martinelli (2009- 2014) de todos los cargos de espionaje político y malversación de fondos públicos de los que fue acusado por la fiscalía, que pidió 21 años de cárcel como castigo, y ordenó su libertad inmediata.
Ha sido una decisión unánime del tribunal constituido por los jueces Roberto Tejeira, Arleen Caballero y Raúl Vergara, y esperada por el expresidente, un multimillonario de 67 años que siempre defendió su inocencia y denunció ser víctima de una “persecución política” orquestada por su antiguo aliado, el exgobernante Juan Carlos Varela.
También ordenó levantar las medidas cautelares en su contra como el arresto domiciliario y la restricción a salir de Panamá sin autorización judicial.
Las víctimas a las que se les extrajo información de sus celulares y correos electrónicos, así como quienes fueron objeto de seguimientos, esperaron durante casi cinco años para conocer el dictamen del Tribunal de Juicio, en un proceso que inició el 12 de marzo pasado contra el exgobernante (2009-2014).
“Los vamos a demandar a todos”, aseguró Martinelli en los estudios de la televisión local NexTv, de su propiedad, a donde se dirigió inmediatamente después de abandonar la sede del tribunal.
“Un fallo absurdo”. “Consideramos que este es un fallo absurdo y sin fundamento. Vamos a presentar los recursos correspondientes ante el Tribunal Superior como ante la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal... Es una decisión injusta, divorciada de derecho. Hay que investigar qué sucedió con estos jueces”, dijo Carlos Herrera, abogado de Mauro Zúñiga, víctima y querellante del proceso. El 12 de junio de 2018, Martinelli, de 67 años, fue extraditado a Panamá desde Estados Unidos, donde permaneció encarcelado en una prisión federal de Miami.
Al llegar a Panamá fue trasladado al centro penitenciario El Renacer. Un año después se le concedió el arresto domiciliario.
La Fiscalía Contra el Crimen Organizado, que pidió una condena de 21 años de prisión contra el exmandatario, presentó 74 pruebas testimoniales, aunque en la fase de juicio renunció a 39 por considerar que era redundar sobre lo expuesto por los testigos que comparecieron. Introdujo también 48 pruebas documentales. Mientras que la defensa citó a 21 testigos y presentó 23 pruebas documentales. El fallo de la corte podrá ser apelado ante el Tribunal Superior de Apelaciones.