El gobierno de Estados Unidos abrió ayer un proceso de prelicitación para la construcción de 4.8 kilómetros de muro en la frontera con México, un proyecto que tendrá un presupuesto de hasta 100 millones de dólares y que se realizará en el valle del río Bravo.
El proceso de licitación no se abrirá oficialmente hasta una fecha cercana al 25 de febrero, pero en las primeras indicaciones que se detallaron en el portal de Oportunidades Federales de Negocio de la administración se anuncia la intención del gobierno de construir un dique de 3 millas (4.8 km) en un sector del valle texano, que podría además incorporar elementos tecnológicos como cables de fibra óptica, sistema de iluminación y la construcción de la vía correspondiente para que la patrulla pueda circular.
En la nota de licitación no se especificó detalle del lugar exacto de construcción, más allá de una mención a la población de Álamo (Texas).
El coste presupuestado es de entre 25 millones y 100 millones de dólares. No hay certeza, sin embargo, de que el proyecto se vaya a hacer realidad, ya que como explicó un vocero de la agencia de Protección Fronteriza y Aduanas (CBP) a EL UNIVERSAL, está pendiente que se autoricen los fondos para este tipo de actividades.
El gobierno de Donald Trump está a la espera de que se apruebe la petición presupuestaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que para el año fiscal 2018 incluye 2 mil 700 millones de dólares para el diseño y construcción de un pequeño segmento del prometido muro en la frontera con México. El sector solicitado estaría incluido en los 45 kilómetros de dique nuevo previstos para la zona estadounidense del valle del río Bravo. Además, Trump quiere fondos para 51.5 kilómetros de muro en la misma área y 22.5 km de valla secundaria en San Diego, California.
Precisamente en esa zona californiana están los ocho prototipos que se construyeron tras una licitación parecida y que debían ser el modelo para la construcción de la barrera física prometida en campaña. Las demoras temporales en el proceso son una constante y el vocero del CBP aseguró a este diario que “todavía están en la fase de análisis y evaluación”. La idea es que, tras comprobar los puntos fuertes y débiles de cada uno de los prototipos, se llegue a un diseño que cumpla con todas las exigencias.
Sin embargo, la construcción carece todavía de fondos federales. Y podría pararse en los tribunales si prospera una demanda de organizaciones ecologistas contra el presidente Trump y su idea de erigir la barrera evadiendo cumplir normas ambientales y de salud pública en aras de acelerar el proceso de construcción.
Al frente del caso está el juez Gonzalo Curiel, quien durante la campaña tuvo que aguantar insultos racistas por parte del presidente Trump al presuponer que, por su herencia latina, iba a ser parcial en el juicio por su estafa de la denominada Trump University.
Curiel aseguró tras dos horas y media de argumentos que se inclina por decidir que sí tiene jurisdicción en la demanda de los ecologistas contra Trump, cuyo gobierno afirma que no la tiene.
