Más Información
Detener elección judicial implica romper la democracia: presidenta del TEPJF; “ninguna autoridad puede suspenderla”, asegura
Metro Tacubaya: Sujeto se arroja a las vías tras atacar a cuatro usuarios con arma blanca; policías lo detienen
Trump nomina a multimillonario y proaranceles Howard Lutnick para secretario de Comercio; "implementará el cambio"
Guerra en Ucrania EN VIVO; aumenta tensión con Rusia tras ataque ucraniano con misiles ATACMS, sigue el Minuto a Minuto
EU reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela; "el pueblo venezolano se pronunció"
Zelensky acusa al G20 de inacción ante el decreto de Rusia sobre armas nucleares; “¿dijeron algo? Nada”
Fiscalía se opone a desechar condena contra Trump por pago a Stormy Daniels; evalúan posponer sentencia
Bluesky alcanza 20 millones de usuarios en medio de fuga masiva de X; consideran la red de Elon Musk “máquina de desinformación"
Washington
La distopía de El cuento de la criada, novela de Margaret Atwood popularizada por una serie televisiva, ha penetrado en la sociedad estadounidense con una simbología muy concreta y, para algunos, totalmente adecuada a los tiempos que corren en Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump. La túnica rojo escarlata y el sombrero blanco son ya el nuevo icono feminista en EU, especialmente en una de las luchas por los derechos de las mujeres que ha resucitado cuando todo el mundo la daba por acabada: el derecho al aborto.
Abortar es legal en Estados Unidos desde hace casi medio siglo, 46 años para ser exactos. En 1973, el Tribunal Supremo, en su decisión sobre el famoso caso Roe v Wade, declaró que el aborto era legal.
Sin embargo, el pasado martes miles de personas salieron a las calles, muchas frente al Tribunal Supremo de Washington, contra el reciente repunte del movimiento antiabortista. Decenas de mujeres regresaron a sus disfraces de criadas y salieron a la calle, una vez más, para defender el derecho al aborto. Los gritos son siempre los mismos: “Mi cuerpo, mi decisión”; “el aborto es un derecho”; “quiten las manos de mi cuerpo”... El enfurecimiento, con el paso de los días, es cada vez mayor.
“Es una guerra contra las mujeres”, repiten. La energía irradiada en la Marcha de las Mujeres, la millonaria manifestación que fue una muestra de poder justo el día después de que Trump asumiera el poder, se mantiene casi intacta. “Cuando las mujeres pueden elegir, las mujeres tienen libertad”, gritaba la cómica Leslie Jones en el popular programa Saturday Night Live, en un segmento al que entró vestida como una criada de la novela de Atwood antes de destripar los intentos conservadores de ilegalizar el aborto.
El tema del aborto entró en política en la década de 1980, poniendo en sinergia moralidad y electoralismo sobre un derecho que había quedado resuelto desde 1973. Fue entonces cuando un grupo de pensadores conservadores vieron en la legalidad del aborto el elemento clave para movilizar a su favor a los votantes de religión evangélica.
Propusieron la estrategia a Ronald Reagan, por entonces candidato a la presidencia, y la aceptó. El aborto se convirtió en un elemento político fundamental durante su presidencia.
Eso llevó a que en 1992 un caso llegara al Supremo para desafiar Roe v Wade: Planned Parenthood v Casey.
Para sorpresa de la mayoría, el Supremo reafirmó la legalidad del aborto. Con un matiz fundamental: permitió a los estados regular el acceso al aborto siempre que no fuera un “obstáculo significativo” para las mujeres que quisieran interrumpir su embarazo.
Ese mínimo giro llevó a los estados más conservadores, aquellos contrarios al aborto, a dejar volar su imaginación para tratar de dificultar al máximo posible —sin crear un “obstáculo significativo”— el derecho refrendado por el alto tribunal. Una de las tácticas más comunes fue poner un sinfín de regulaciones y obligaciones a todos aquellos centros que quisieran llevar a cabo abortos.
Los antiabortistas ven que las condiciones históricas vuelven a ser positivas para desvalijar la legalidad del aborto. Con Donald Trump y Mike Pence liderando el Ejecutivo —se vanaglorian constantemente de ser los más “provida” de la historia del país— y, especialmente, con la mayoría conservadora en el Supremo, las opciones son óptimas.
La nominación y confirmación de Brett Kavanaugh como juez del Tribunal Supremo, quien consolidaba la mayoría conservadora en la alta corte, fue la chispa que terminó de avivar el fuego. El tema del aborto estuvo constantemente presente en sus audiencias en el Senado, a sabiendas de que su aprobación iba a reabrir el debate y la lucha. Así lo vieron múltiples estados conservadores y organizaciones, que empezaron la movilización.
Los estados que quieren restringir el acceso al derecho al aborto, la mayoría en la región del medio-oeste y el sur de EU, ya han empezado su trabajo. Viendo las opciones reales de que el caso pueda regresar a ser debatido en el Supremo, la creatividad ha llegado hasta niveles extremos, con leyes escritas directamente para ser anticonstitucionales e ir directamente a los tribunales. Desde hace unas semanas, la tormenta de prohibiciones está azotando principalmente el medio-oeste y el sur de Estados Unidos. Los contrarios al aborto, desde siempre, habían incluido excepciones: violación, incesto y salud de la madre. Sin embargo, en el contexto actual, sus principios han sucumbido al interés y deseo de actuar sobre la interrupción del embarazo.
Incluso el presidente Trump lo defendía en Twitter recientemente: “Como todo el mundo sabe o debería saber, soy muy provida, con tres excepciones: violación, incesto y proteger la vida de la madre. La misma posición que Ronald Reagan”. Pero algo ha cambiado. El deseo de acabar con la legalidad del aborto ha llevado al radicalismo en muchos sectores. “Entendemos que los temas de violación e incesto son difíciles de atajar; no obstante, en nuestra opinión el valor de la vida humana no está determinada por las circunstancias de la concepción o el nacimiento”, reza un manifiesto de Students for Life of America, asociación que lidera uno de los intentos de radicalización.
En esa corriente se incluye el caso de Alabama, que llevó a los defensores del derecho al aborto a salir a las calles. Hace un par de semanas se aprobó la ley más restrictiva de todo el país, sin ningún tipo de excepción (ni violación, ni incesto) en el aborto más allá de la salud de la madre y con condenas de hasta 99 años de prisión para los doctores que ayuden a abortar, pena más elevada que el delito de violación.
El grupo mediático más importante del estado, contrariado por la resolución del gobierno estatal, publicó bajo el título “Llegó la hora de escuchar a las mujeres de Alabama” más de 200 cartas y ensayos con experiencias y reacciones sobre la ley que recibieron en menos de 24 horas. “Los políticos de Alabama vivirán por siempre con la infamia de este voto y nos encargaremos de asegurarnos que todas las mujeres los hagan responsables”, amenazó Staci Fox, presidenta regional de Planned Parenthood. La gobernadora Kay Ivey, republicana, no perdió tiempo y firmó el texto sin demora. Si no hubiera objeción, entraría en vigencia en seis meses.
Las organizaciones proderechos se ven en la obligación de retar estas leyes en las cortes para evitar que puedan aplicarse, aunque eso signifique entrar al juego y abrir el paso para que el tema pueda llegar, en algún momento, a ser escuchado por el Supremo y, por tanto, sujeto a cambiar por siempre la legalidad del aborto.
Oleada
El sureño Alabama no es una excepción. Missouri, en el medio-oeste, aprobó la criminalización del aborto a partir de la octava semana de gestación: se convirtió en el quinto estado (tras Kentucky, Mississippi, Ohio y Georgia) que, en lo que va del año, han aprobado las denominadas “leyes del latido”, que criminalizan el aborto en etapas en las que la mujer incluso puede no saber aún que está embarazada. Otros estados, como Utah y Arkansas, por su parte, limitan el procedimiento hasta la mitad del segundo trimestre de gestación.
De acuerdo con los datos del Departamento de Salud de Missouri, la ley convierte en ilegal 84% de los abortos realizados en el estado donde, por cierto, sólo existe un centro que ofrece procedimientos abortivos, consecuencia de la apertura “creativa” a la limitación del acceso al aborto derivado de la decisión del Supremo de 1992.
Pero la oleada de restricciones abortivas tiene su contraparte. Ante el rumbo que está tomando el país, otros estados tomaron medidas en la otra dirección. El caso más reciente fue Maine: su cámara baja estatal aprobó que más profesionales del sistema sanitario (enfermeras, etc.) puedan realizar estos procedimientos, y no sólo doctores. Cerca de 25 estados, por su parte, ampliaron la lista de medicamentos abortivos disponibles para aquellas mujeres que lo deseen.
El tema del aborto regresará a ser parte fundamental de la política de Estados Unidos en el corto plazo. Kirsten Gillibrand, senadora demócrata por Nueva York y candidata presidencial, ha hecho de la lucha de los derechos de la mujer su buque insignia, su marca característica. Los republicanos movilizarán a su base evangélica con el mismo tema.
De momento, el aborto sigue siendo legal y constitucional en Estados Unidos. Hasta que el Supremo acepte revisar algunas de las leyes draconianas que están irrumpiendo en el país e, hipotéticamente, revoque Roe v Wade.