El abogado Eduardo Barriga, representante legal de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, sostuvo este martes en una audiencia que la Fiscalía ha vulnerado los derechos a la defensa y el debido proceso de la gobernante durante la investigación abierta por el caso conocido como 'Rolexgate'.
El magistrado Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, escuchó al abogado de Boluarte, y a los representantes de la Fiscalía y la Procuraduría General del Estado en la audiencia de evaluación de la tutela de derechos presentada por su defensa, a raíz del caso de los relojes de lujo Rolex y otras joyas aparentemente prestadas a la mandataria por el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.
A pesar de que el estudio de abogados que defendía a Boluarte informó el lunes que dejaba de representar a la mandataria, tras la investigación abierta contra Mateo Castañeda -uno de sus letrados- por organización criminal junto al hermano de la jefa de Estado, Barriga dijo en la audiencia que la representará para evitar dejarla sin defensa.
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Barriga agregó que se han realizado diligencias preliminares en la investigación contra Boluarte sin la presencia de su abogado.
De la misma forma, la defensa de Boluarte pidió que se exhorte al fiscal de la nación encargado, Juan Carlos Villena, para que realice el control debido de las actuaciones fiscales tal como lo dispone el Código Procesal Penal.
Por su parte, el fiscal Hernán Mendoza y el representante de la Procuraduría General del Estado, Milton Vílchez solicitaron al Juzgado que declare infundada la tutela de derechos, porque no se ha afectado ningún derecho, entre ellos el de la igualdad procesal, como señala la defensa de la investigada.
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Concluido el debate, el juez supremo Checkley informó que notificará la resolución a las casillas electrónicas de las partes procesales.
El pasado 15 de mayo, Boluarte acudió a la sede del Ministerio Público para prestar una segunda declaración por el llamado 'caso Rolex', por el que es investigada preliminarmente por delitos de corrupción y cohecho, y permaneció en la sede de la Fiscalía durante cerca de una hora y media.
El fiscal general interino dispuso que la mandataria amplíe su primera declaración por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo impropio.
Esta investigación se abrió después de que reportajes periodísticos mostraran que la gobernante había usado en actividades públicas relojes de esa marca de lujo, así como costosas joyas.
Por ese motivo, la Fiscalía inició pesquisas preliminares por un presunto enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documento en agravio del Estado.
Villena también citó a declarar al gobernador de la región de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien es investigado por un presunto cohecho activo genérico tras haber asegurado que prestó los relojes a la gobernante.
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