Abimael Guzmán: el debate en Perú sobre qué hacer con el cadáver del líder de Sendero Luminoso
El destino de los restos mortales del líder de Sendero Luminoso se ha convertido en cuestión de Estado
Perú debate qué hacer con su muerto más incómodo.
Abimael Guzmán, líder de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, causante de decenas de miles de muertes en el país entre 1980 y 1992, falleció el pasado sábado a los 86 años de edad en el penal de la Base Naval de El Callao, la prisión de máxima seguridad en la que cumplía condena por delitos de terrorismo.
Según la autopsia, Guzmán murió a causa de una neumonía bilateral provocada por la acción de un agente patógeno. El Instituto Nacional Penitenciario de Perú (INPE) informó de que Guzmán se negó a recibir alimentos y ser trasladado a un centro médico, pese a que en las últimas semanas ya había tenido problemas de salud.
Guzmán no era un preso más. Fue el fundador y líder absoluto de Sendero Luminoso, el grupo armado que se alzó en 1980 contra el Estado en su intento por convertir a Perú en una república comunista, desencadenando un conflicto cuyas víctimas mortales se estiman en 69.000. Las acciones de Sendero todavía conmueven a la sociedad peruana, que recuerda con horror una guerra en la que las fuerzas estatales también perpetraron violaciones de los derechos humanos.
Su viuda, Elena Iparraguirre, solicitó desde la cárcel en la que cumple condena por su pertenencia a Sendero Luminoso que el cadáver de Guzmán le sea entregado.
Pero los tribunales han desestimado hasta ahora su petición, mientras que los policías que lo capturaron piden que sea incinerado y sus restos arrojados al mar para evitar que pueda recibir el homenaje de sus seguidores.
El gobierno dice que el destino final del cadáver lo decidirá la Fiscalía, pero también se han alzado voces que aseguran que el Ejecutivo no puede eludir su responsabilidad en este asunto.
El ministro de Justicia, Aníbal Torres, solicitó el lunes a la Fiscalía que disponga la cremación de los restos de Guzmán. Aunque la Fiscalía había informado en una comunicación previa que, de acuerdo con la Ley General de Salud y el Código Procesal, "los restos deberán ser entregados a los familiares directos debidamente acreditados".
El destino final de los restos de una de las figuras más denostadas del siglo XX peruano se ha convertido en cuestión de Estado.
El embrollo legal
Qué hacer con los restos de Guzmán tiene delicadas implicaciones políticas, pero también legales.
De momento están en la morgue de El Callao, a donde el lunes acudió una comisión de congresistas para verificar que el cadáver era efectivamente el del líder senderista.
Los intentos de su esposa por hacerse con el cuerpo han sido hasta ahora desestimados.
La primera petición se hizo a través de Iris Yolanda Quiñones Colchado, también condenada por su militancia en Sendero Luminoso, quien presentó ante la Fiscalía un poder otorgado por Iparraguirre para hacerse cargo del cuerpo. Pero el poder no había sido otorgado ante notario, por lo que no fue considerado válido.
Al estar encarcelada e incomunicada, Iparraguirre no pudo acudir personalmente a reclamar los restos de su difunto marido, ni tampoco acceder a un notario que certifique su voluntad de que otra persona lo haga en su nombre.
La viuda presentó un primer recurso de habeas corpus que fue también rechazado por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente del Callao.
En el oficio en el que solicitaba a la Fiscalía que se incinere el cuerpo, el ministro Torres afirmaba que darle sepultura a Guzmán "podría conllevar afectaciones al orden público y la seguridad" por el riesgo de que los seguidores de Guzmán quisieran "enaltecerlo y homenajearlo".
Torres invocó la Ley General de Salud y la Ley General de Cementerios, y afirmó que si los cadáveres no son reclamados por la familia en el plazo legal, el Ministerio Público debe hacerse cargo de ellos, que tendría entonces la potestad de donarlos para investigación científica o solicitar su cremación.
Pero la viuda, en comentarios citados por la página web del Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef), que promueve la amnistía de los senderistas privados de libertad, a los que considera "presos políticos", responsabilizó al Estado peruano del "asesinato" de su esposo y "la desaparición de su cuerpo".
Las autoridades informaron de que Iparraguirre sería trasladada a un penal de máxima seguridad por haberse comunicado con el exterior saltándose el régimen penitenciario al que está sometido.
Expertos jurídicos citados por la prensa peruana afirmaron que el problema estriba en la falta de una previsión sobre qué hacer con los condenados por terrorismo muertos en prisión en las leyes peruanas.
La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, admitió que el caso de Guzmán enfrenta a las autoridades a "un vacío normativo".
Por ello Ávalos presentó al Congreso este lunes un proyecto de ley para que jueces o fiscales puedan disponer el destino final de cadáveres "en caso de posible afectación a la seguridad y orden público".
Por qué es un problema para Pedro Castillo y su gobierno
En la campaña electoral, el presidente de Perú, Pedro Castillo, recibió acusaciones de vínculos con Sendero Luminoso, algo que siempre ha rechazado.
Las supuestas conexiones de algunos miembros de su gobierno con la organización que fundó Guzmán se han convertido en fuente de críticas y han enrarecido el clima político.
El primer ministro, Guido Bellido, está bajo investigación por apología del terrorismo, por sus mensajes ensalzando a la histórica senderista Edith Lagos y por su presunta vinculación con algunos cabecillas senderistas en la zona del VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro).
Y el ministro de Trabajo, Iber Maraví, está acusado de comandar a guerrilleros senderistas en Huamanga entre 1980 y 1981. Él lo niega.
Conscientes de la controversia, desde Presidencia trataron de marcar distancias cuando se conoció la noticia de la muerte de Guzmán, mientras Castillo reiteró desde su cuenta de Twitter su condena "firme e indeclinable" al terrorismo.
https://twitter.com/presidenciaperu/status/1437195703118401537
"No podemos seguir en dimes y diretes, que tenemos ideología senderista. Falso, totalmente falso. Somos hombres de pueblo, campesinos, maestros, y ronderos, y lo diré en cualquier rincón del país", reiteró el presidente este lunes en un discurso en Tacabamba, según recoge la prensa peruana.
Santiago Roncagliolo, autor de varios libros sobre Sendero Luminoso, advirtió en entrevista con BBC Mundo que "si el gobierno toma cualquier decisión que pueda ser interpretada como de cercanía a Sendero, va a provocar una reacción muy visceral en contra de la mitad de los peruanos".
El ministro Torres, que ha tomado la iniciativa para que se incinere a Guzmán, protagoniza estos días un enfrentamiento público con Vladimir Cerrón y otros dirigentes del sector más radical de Perú Libre, cuyas figuras más destacadas han sido acusadas por los partidos a la derecha del arco político de connivencia con "el terrorismo". Sus diferencias ponen de manifiesto una vez más las divisiones internas en el gobierno.
"Una amenaza en sí mismo"
Hasta su detención, de la que justo ahora se cumplen 30 años, Guzmán y su organización criminal tuvieron en jaque al Estado peruano.
Convencido de que Perú debía culminar una revolución y convertirse en la nueva vanguardia del comunismo mundial, este profesor de Filosofía y Leyes empujó a la organización a una campaña insurgente que afectó especialmente a las poblaciones campesinas peruanas, en gran medida en el Departamento de Ayacucho, aunque también en la capital, Lima, donde hubo sangrientos atentados y ataques contra la red eléctrica.
Gustavo Gorriti, periodista y autor de varios libros sobre Sendero Luminoso, le dijo a BBC Mundo que "la respuesta del Estado y de buena parte de la sociedad a una insurrección maoísta totalmente diferente a otras que había habido en América Latina estuvo marcada por el desconocimiento". Eso explica que, según Gorriti, "no se hizo un análisis de la figura de Guzmán, sino un exorcismo; pareciera que su cadáver es una amenaza en sí mismo".
La capacidad y la amenaza de Sendero Luminoso se vieron casi eliminadas con la captura de Guzmán y el resto de miembros de su cúpula.
Gorriti cree que, "cuando Guzmán es arrestado, todo el miedo que había generado se convierte en una indignación ciega y permanente".
El espinoso tema de Sendero Luminoso sigue causando una gran división en todo el espectro político peruano, ahora muy polarizado.
En un artículo publicado en el diario La República, Salomón Lerner Febres, expresidente de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú, lamentó que "desde la derecha del espectro político se practica la acusación de 'terrorista' de una manera indiscriminada y, por supuesto, cínica y embustera, contra todo aquel que cuestione el statu quo".
"Desde cierta izquierda, incluyendo a personajes del actual gobierno, se banalizan los crímenes de Sendero Luminoso", escribió.
Qué pasará entonces con Abimael Guzmán
A medida que pasan las horas, parece más claro que las autoridades harán todo lo posible por evitar que el cadáver se entregue a la familia y reciba algún homenaje.
Los portavoces de todos los grupos del Congreso suscribieron un comunicado conjunto este lunes en el que afirmaron que "el cuerpo del genocida Abimael Guzmán debe ser incinerado para evitar "generar espacios para que los rezagos senderistas y sus fachadas vigentes, como el Movadef, realicen actos de reivindicación del cabecilla terrorista", lo que hace pensar que la propuesta de la Fiscalía de facultar a jueces y fiscales para ordenar la incineración será aprobada.
Roncagliolo afirma que "el problema es que no se trata de entregarle el cuerpo a una esposa inocente, sino que hablamos de la número dos de Sendero, que lo que quiere es construir un santuario para su marido, y eso sería muy doloroso para los peruanos".
Roncagliolo duda de la legalidad de arrebatarle el cuerpo a la familia. Según él, "Perú triunfó sobre Sendero con los instrumentos del Estado de Derecho y ese Estado de Derecho debe seguir siendo respetado".
Gorriti, por su parte, aboga porque a Iparraguirre se le conceda un permiso excepcional para darle un último adiós a su marido.
"Hay ciertas consideraciones de humanidad que debe tener una democracia, aunque no fueran esos los valores que tuvieron sus enemigos".