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Raleigh, Carolina del Norte
Decenas de mexicanos, a quienes en los últimos meses les han acreditado en Estados Unidos sus argumentos como un miedo razonable, lo que les permite iniciar sus solicitudes de asilo, están en una situación indefinida porque no tienen los recursos para contratar a un abogado que los represente, y la ayuda que han solicitado en diversos consulados de México les ha sido negada.
De acuerdo con un reporte de la Transactional Records Access Clearinghouse, (Cámara de Compensación de Acceso a Registros Transaccionales) de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, sólo 37% de los migrantes que están en la Unión Americana y que se presentan frente a un juez de inmigración para dar seguimiento a su proceso de asilo van acompañados de un abogado especialista; el resto (63%) va solo por falta de recursos económicos. Y de esta última cifra, especialistas calculan que alrededor de la mitad son mexicanos.
“Lo levantaron y no sabía nada de él”
Un ejemplo de esta realidad es Regina Gonzales Anís, migrante originaria de Cuajinicuilapa, Guerrero. “Ya marqué a todos [los consulados mexicanos] que estaban en donde llegué primero [San Diego y San Bernardino, California] y también aquí [en Raleigh, Carolina del Norte], pero me dicen que le llame a los abogados y pues les llamo, pero todos cobran y no tengo dinero”, cuenta a EL UNIVERSAL esta joven de 28 años y madre de dos hijas de tres y de ocho años, y quien fue amenazada de muerte en su pueblo después de que asesinaran a su esposo, Jesús Salvador Alabes García, de 45 años.
Regina pidió a las autoridades que investigaran la muerte de su esposo. “Yo puse la denuncia y les dije quiénes habían sido, pero no los detuvieron; fueron tres hombres conocidos ahí en el pueblo, tenía tiempo que se decía que se habían metido de narcotraficantes”, describe esta mujer sin recursos y de origen muy humilde. “Luego ellos [los presuntos asesinos de Jesús] me dijeron que tenía que salirme, que tenía tres días para irme del pueblo o me iban a matar y a mis hijas también. Entonces mi papá me llevó para Acapulco y de ahí yo me vine para Tijuana y ahí estuve en Tijuana cuatro meses esperando para pasar por mi ficha de asilo [para Estados Unidos]”.
Regina y sus dos hijas estuvieron en Tijuana, Baja California, de marzo a junio de este año. Ella se ganaba la vida a vendiendo empanadas, dulces, y trabajó en una carpintería que tapiza sillones. “Ya luego que me dan mi ficha y hablo con la gente de ahí [del gobierno estadounidense], me dejan en San Diego y me recoge una cuñada que vive en San Bernardino y nos fuimos con ella”.
A Regina se le acreditó el argumento de miedo razonable y se le permitió continuar su proceso. Estando en California se comunicó a los Consulados mexicanos de San Diego, en Los Ángeles, y de San Bernardino; pero aparentemente en ninguno de ellos la ayudaron a resolver su falta de solvencia para defender su asilo frente a un juez en compañía de un abogado especialista.
Regina supo del Consejo de Federaciones Mexicanas en Norte América (Cofem) y se puso en contacto con Francisco Moreno, director de Comunidades de esta organización. “La señora Regina nos contactó a través de un promotor cívico de Cofem para pedirnos ayuda”, comenta a EL UNIVERSAL el señor Moreno.
“Nosotros la apoyamos con una abogada que revisó su caso y la acompañó a la corte dos veces, de manera gratuita, pero para continuar con este tipo de casos es necesario contratar al abogado, lamentablemente así es como funciona”, explica el funcionario.
Regina recayó en una enfermedad que padece. “Tengo anemia severa y tantas cosas y nervios me llevaron a ir al hospital, [pero] no mejoraba, aunque me daban sangre”, describe con una voz triste. “Fue cuando me tuve que ir con mi hermana a Raleigh [Carolina del Norte] y tratar de resolver, pero aquí tampoco me ayudaron [en el Consulado General de México] y tampoco he podido trabajar. Estoy muy desesperada”.
“De momento no hay recursos”
EL UNIVERSAL se comunicó con un funcionario, quien pidió el anonimato para poder responder, desde uno de los consulados mexicanos en California y confirmó que, “al menos en este momento no se cuenta con recursos para asignar abogados a nuestros connacionales, pagados con recursos del consulado, especialmente en procesos de asilo, que suelen ser muy largos”. Sobre el anuncio que había hecho el gobierno federal sobre el apoyo a migrantes en situaciones extremas, el representante mexicano insistió: “De momento no tenemos recursos económicos para destinar a abogados externos que apoyen a migrantes frente a un juez; es probable que más adelante se cuente con algo así, pero de momento, repito, no existe”.
Por esta razón, Francisco Moreno, a través de la Cofem, le escribió un mensaje —al cual tuvo acceso este diario— a Roberto Valdovinos, director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. “Te escribo este mensaje porque realmente tenemos un asunto muy urgente, del cual dependen vidas humanas de conacionales que están arribando a este país pidiendo asilo político, mayormente por violencia en sus lugares de origen en México”, es lo que Moreno envió, además de poner como ejemplo el caso de Regina.
“¿Dónde está la certeza de que los Consulados de México serían ‘Defensorías de los Mexicanos’; dónde están los recursos que se han destinado para ese rubro?”, cuestionó Moreno, para luego preguntar: “¿Con quién podemos tratar estos asuntos que son de incumbencia federal y que se han y se están agravando por la política de ‘Abrazos y no Balazos’? ¿A quien le hablamos para que vengan a abrazar a esta joven familia que esta totalmente rota por la violencia incontrolable en nuestro país?”.
Adultos y familias, así como mujeres con sus hijos y solas, se han acercado a la Cofem y a otras organizaciones buscando el apoyo legal o económico que los ayude a continuar con su proceso de solicitud de asilo, pero, según reportan, les ha sido muy difícil o imposible encontrar los apoyos.
Abogados especialistas en migración coinciden en que los procesos de asilo están tardando entre uno a tres años, según sea el caso y esa es la razón por la cual debe haber por lo menos un pago mínimo. “Se supone que el gobierno [de México] había dispuesto de una partida económica para apoyar estos casos extremos, pero vemos que a la famosa cuarta transformación no le interesan los pobres que salen huyendo de una violencia que tampoco ellos [el gobierno mexicano] han querido enfrentar”, dice Moreno.
“No se vale que los trate así el actual gobierno de México, especialmente cuando a lo largo de los años se sabe que los migrantes le corresponden a nuestro país con muchísimo más a través de las remesas”, agrega.
De acuerdo con datos de la Oficina de la Fiscalía Federal de Estados Unidos, el rezago en materia de juicios de migración suma mas de 800 mil entre asilos, órdenes de deportacion y otras modalidades; el presidente Donald Trump ordenó que desde octubre de 2018 cada juez de inmigración debía cubrir un promedio de 700 casos anuales o de lo contrario recibiría una acción disciplinaria.
Así, entre la premura y la presión sobre los jueces de inmigración para sacar adelante sus casos a contrarreloj y la falta de un abogado especialista en la corte que los represente, los mexicanos sin recursos llevan todas las de perder.
