San José.— Mujeres y hombres atacados con ácidos en México, Colombia, Chile, Ecuador, Argentina, Perú o Panamá acostumbran intercambiar consejos sobre tratamientos médicos, programas sicológicos, campañas de reformas legales y otras vías para enfrentar una situación que, a veces silenciosa por la vergüenza de las víctimas ante las deformaciones sufridas, prolifera en América Latina y el Caribe.
Colombia tiene la mayoría de casos. La (no estatal) Fundación Natalia Ponce de León, organización colombiana sin fines de lucro que defiende, promueve y protege los derechos humanos de víctimas de ataques con químicos —además de ser un centro de referencia, debate y análisis sobre un fenómeno demoledor—, confirmó que hubo 151 ataques de 2016 a 2018.
La fundación fue creada por la colombiana Natalia Ponce de León, ahora de 39 años y oriunda de Bogotá.
El 27 de marzo de 2014, Natalia, de entonces 33 años, fue atacada con un litro de ácido sulfúrico por el colombiano Jonathan Vega, condenado a 20 años de prisión por intento de homicidio agravado. Vega estaba obsesionado con Natalia.
Según la fundación, 18.13% de las 151 agredidas de 2016 a 2018 tenía de 15 a 19 años y en porcentajes iguales de hombres y mujeres, mientras que 12.33% de los agresores fue una pareja o expareja, 67.12% carece de relación familiar con la víctima y 32.88% sí tiene nexo de pariente.
Ecuador reportó 25 en los últimos años. En septiembre pasado en la ciudad de Huajuapan de León, del sureño estado mexicano de Oaxaca, la mexicana María Elena Ríos, de 26 y saxofonista, fue atacada con ácido cerca de su casa por un hombre presuntamente contratado por un político de la zona, y ahora está en recuperación.
La colombiana Viviana Hernández Soto, atacada en 2007 con químicos, confirmó a EL UNIVERSAL que, además de Colombia y Ecuador, hay “muchos, bastantes y suficientes” hechos similares en Panamá, Perú, Argentina y Chile que, por diversos motivos, se quedan en el silencio y sin proceso judicial.
“Intercambiamos consejos e informes con personas de esos países”, dijo Hernández, de la (no estatal) Fundación Reconstruyendo Rostros, que estudia reformas legales y atención integral a las víctimas con acuerdos con médicos y sicólogos e instituciones estatales para la vinculación laboral a sobrevivientes de ambos sexos.
“En esos países pasa lo mismo que ocurrió en Colombia hasta 2012, cuando comenzamos a evidenciar estos casos para pedir que se crearan leyes, rutas de atención inmediata integrada médica, física y sicológica a sobrevivientes”, explicó, al alertar que casos parecidos “se quedan sin denunciar y sin atender”.
“Cuando ocurren en ciudades grandes o en las capitales, quizás hay mejor atención. El 80% de las víctimas carecimos de una atención de la medicina legal, porque todo pasaba por quemaduras y sin diferenciar del ataque con químicos”, relató.
“Por miedo, la víctima evitaba denunciar. Si ocurren en sitios sin mínima atención prioritaria, quedan en el limbo. Eso pasa en muchos países, desgraciadamente, por el mismo problema que hubo en Colombia: no hay denuncias, no hay registros, no hay un conteo y absolutamente nada”, advirtió Hernández.