Desde el lunes 19 de junio ya se sabía que la situación en la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) de Honduras estaba a punto de estallar. Ese día, las reclusas se enteraron de que al día siguiente habría una requisa. Perderían privilegios como televisores, microondas y la administración de puntos de venta. Lo que pasó el martes 20 fue un horroroso ataque con armas de fuego e incendio que terminó con la vida de 46 internas.
El penal está ubicado en Támara, 25 km al norte de Tegucigalpa, la capital de Honduras. Alberga a pandilleras de la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, grupos criminales que son enemigos.
De acuerdo con el diario El Heraldo de Honduras, Delma Ordóñez, presidenta de la Asociación de Familiares de Privados de Libertad, manifestó el martes que hubo incomodidad entre las reclusas porque el lunes la comisión interventora les había informado que “iba a negar que siguieran teniendo televisores, equipos eléctricos, microondas y que las personas que tenían sus negocios debían cerrarlos”.
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"Esto les molestó a ellas y fue la forma en que se expresaron. Realmente no creo que esa era la forma”, añadió.
Una cronología de los hechos elaborada por el diario local La Prensa permite reconstruir lo que sucedió el martes desde muy temprano. Poco después de las 8 de la mañana, las reclusas integrantes de la pandilla Barrio 18 rompieron los candados del hogar 6, donde estaban internadas.
Armadas con pistolas automáticas y un fusil, avanzaron hacia el hogar 1, lugar de reclusión de las integrantes de la Mara Salvatrucha.
A las 8:05 de la mañana, las criminales de Barrio 18 empezaron a disparar a mansalva contra sus enemigas, que estaban detrás de los barrotes. Muchas intentaron escapar a otros ambientes en busca de refugio, pero no pudieron hacerlo porque su pabellón estaba cerrado.
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Al mismo tiempo, las atacantes también dispararon contra quienes estaban en el hogar 2. Diez minutos después cesaron los disparos. Pero no terminó el horror.
La Prensa explicó que en el hogar 1 unas 60 reclusas compartían el espacio. Cuando llegaron las pandilleras de Barrio 18 ese lugar seguía bajo llave. “Las mujeres no pudieron salir, gritaban pidiendo auxilio, otras que no pertenecían a pandillas corrieron para esoncerse debajo de sus camas, pero fueron asesinadas”, indicó el medio.
Las atacantes llevaron colchones hasta la casa 1 y les prendieron fuego. Muchos de los cuerpos de las víctimas terminaron carbonizados. El incendio fue sofocado por los bomberos a las 8:30 de la mañana. Recién después de ese momento se pudo empezar a conocer la magnitud de la masacre.
En la tarde, luego de que un primer balance confirmara la muerte de 41 reclusas, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dijo estar “conmocionada” por el “monstruoso asesinato de mujeres (...) planificado por maras” y anunció medidas “drásticas”. Tras esa reacción, lo primero que hizo fue destituir al ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, y reemplazarlo por el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez.
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Elvia Argentina Valle, comisionada del Comité Nacional de Prevención contra la Torutura y otros tratos Crueles Inhumanos o Degradantes (Conaprev), habló con la prensa local y confirmó que en el ataque también se usó un arma de grueso calibre.
“Se habló de que fueron diferentes armas las que se utilizaron y que fue de diferentes formas que se mataron a las privadas de libertad, sin embargo, desconocemos la cantidad de armas que se utilizaron pero sí se usó un fusil AR-15″, manifestó.
Agregó que la permisividad de las autoridades facilita que se cometan este tipo de masacres en las cárceles. “Lo sucedido en PNFAS es para que las autoridades investiguen profundamente qué es lo que sucedió, porque debemos saber que si hay armas dentro de los centros penales es porque hay autoridades permisivas”.
Tras la masacre, las autoridades hicieron una requisa en el penal y encontraron un arsenal de armas entre las que se incluye una mini uzi, varias pistolas y un fusil de asalto.
El Gobierno de Xiomara Castro lleva adelante un plan para controlar las 26 prisiones del país, que albergan a unos 20 mil internos. Ese plan incluye un “desarme real a través de registros manuales y electrónicos permanentes” y “el bloqueo total de la señal telefónica” para evitar que los reos sigan delinquiendo desde las cárceles, detalló la agencia AFP.
Castro nombró como interventora de las cárceles a la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, después de que varios enfrentamientos registrados en cuatro cárceles dejaran un muerto y siete heridos. Villanueva dijo que la matanza en la cárcel de mujeres “es un ataque contra el gobierno” por “las acciones emprendidas” contra la delincuencia.
AFP recordó que en diciembre pasado, Xiomara Castro declaró un estado de excepción en el país para enfrentar a las pandillas, una medida similar a las impuestas por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador hace más de un año.
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