Toluca, Méx.— “Se me hace muy padre poder tener voz aún en este lugar, porque pues en lo que te definen tu situación jurídica poder tener esa voz y voto para poder tener esa participación es algo padre, que nos tomen en cuenta, que no perdamos nuestros derechos que aún tenemos”, opinó Nancy, una de las mujeres en prisión preventiva que podrá votar el 4 de junio para elegir a la próxima gobernadora del Estado de México.
Para las personas que se encuentran en reclusión aún sin sentencia es una forma de mantener la esperanza sobre su libertad, coincidieron algunos entrevistados: “Siento que soy tomada en cuenta, me siento bien por poder votar y elegir quién será la próxima gobernadora del Estado de México”, dijo una de las mujeres en Almoloya de Juárez. Esa misma opinión ofrecieron dos personas, quienes dijeron que al recibir la convocatoria para inscribirse decidieron participar y por primera vez valoraron conservar el derecho de sufragar.
En 2019, el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó por mayoría de votos que las personas que se encuentran en prisión y no han sido sentenciadas tienen derecho a votar, amparadas por el principio de presunción de inocencia. Para salvaguardar el derecho de las personas en prisión preventiva para las elecciones de 2024, el TEPJF ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) implementar una primera etapa de prueba para establecer cómo, cuándo y dónde se ejercería el derecho.
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Valentina Lloret Sandoval, fundadora de la organización CEA Justicia Social y coordinadora del área de políticas públicas, consideró que la votación de personas en prisión preventiva rompe círculos de exclusión que se generan en esas condiciones: “El hecho de que una persona pueda seguir vinculada a la vida pública de sus lugares de origen o de retorno, que son además aquellos donde siguen habitando sus familias, implica generar lazos más sólidos que deberían ser un elemento fundamental en los procesos de reinserción”.
Explicó que el modelo de votación para las personas sin sentencia se aplicó sólo en un centro penitenciario en dos elecciones pasadas como prueba piloto. Este año se aplicará un modelo similar al de las votaciones en el extranjero en el Estado de México, lo que calificó como todo un reto, pues ésta cuenta con el mayor número de población penitenciaria, en prisión preventiva y de centros de readaptación. Si bien también se ejercerá en Coahuila, ahí sólo uno de los tres centros de reinserción cuenta con las condiciones de seguridad necesarias.
De acuerdo con datos de la Junta Local del INE en la entidad mexiquense, inicialmente había alrededor de 9 mil 535 personas privadas de la libertad sin sentencia registradas en 20 cárceles, según la base de datos de la Secretaría de Seguridad; sólo 6 mil 800 estaban registrados en el padrón electoral. En un segundo cruce de datos se redujo a 5 mil 60, quienes tienen derecho al voto y que se inscribieron previamente.
¿Cómo será la votación?
Del 15 al 19 de mayo se llevarán a cabo los comicios. Se busca que en alrededor de tres horas los ciudadanos en los centros penitenciarios voten sin afectar sus actividades cotidianas, dijo Jacobo Rodríguez, subsecretario de Control Penitenciario de la Secretaría de Seguridad estatal. Los días fueron escalonados para que se realice por la mañana y no interfiera con las horas de visita.
Se instalarán urnas y mamparas para garantizar la secrecía del voto, además asistirán observadores y representantes de partidos políticos, personal del INE y del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) de los que aún se desconoce la cifra.
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Para cuidar a quienes ingresarán a las prisiones se desplegarán 2 mil elementos, entre custodios, personal táctico, fuerzas especiales y policía estatal.
Serán instaladas 73 mesas receptoras de votación distribuidas en los 20 centros, según la cifra de votantes de cada uno. Seis en Chalco; seis en Cuautitlán; 10 en Ecatepec; 10 en Neza Bordo; una en el Otro, Ixtlahuaca, Lerma, en Neza Norte, Neza Sur; dos en Otumba; una en Sultepec; 10 en Santiaguito; una en Tenancingo sur; dos en Tenango del Valle; cinco en Texcoco; 10 en Tlalnepantla; una en Valle de Bravo; dos en Zumpango y una en el Centro de Internamiento.
De acuerdo con Jacobo Rodríguez, los penales con mayor número de población son: Neza Bordo, Ecatepec, Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Chalco, Cuautitlán y Tlalnepantla.
Para hacer llegar la documentación, las autoridades electorales, a través de la Junta Local del INE comenzaron a ensobretar las boletas y el vocal ejecutivo Joaquín Rubio detalló que no habrá forma de violar los documentos y modificar los sufragios, pues en un sobre principal rotulado con etiqueta se indica la prisión y preso al que va dirigido. Se incluirán cinco elementos: un sobre extra con una hoja carta con las plataformas de ambas candidatas, un instructivo en forma de tríptico que explica cómo votar y una boleta para emitir el voto, un sobre voto, donde podrán meter la boleta tachada. Este último ya no tendrá el rótulo que indique quien es el votante.
Promoción: ven insuficiencias
Para informar a los votantes sobre las plataformas y propuestas de las candidatas Alejandra del Moral, de Va por el Estado de México, y Delfina Gómez, de Juntos Hacemos Historia por el Estado de México, se les permitió ver la transmisión del primer debate, el pasado 19 de abril.
Para algunos de los ciudadanos eso no es suficiente, pues consideran necesario conocer más de lo que proponen en temas como seguridad, corrupción y medio ambiente. Sin embargo, de acuerdo con Joaquín Rubio, el Consejo General del INE rechazó llevar otro tipo de propaganda a los penales por considerar que hay falta de condiciones.
Las personas en prisión preventiva cuentan con la información necesaria, pues no sólo vieron el debate, sino que no están aislados del mundo, pese a sus procesos, ya que tienen visitas y pueden comentar las opciones y propuestas de ambas, explicó.
“Saben lo que pasa en el exterior, tienen acceso a los medios de comunicación. Yo diría que son personas bien enteradas; muchos de ellos recién ingresados, procesados y nosotros vamos a garantizar que estén debidamente informados para ejercer su voto libre e informado”, dijo.
Para la especialista Valentina Lloret, una área de oportunidad es ampliar la forma de acercar la información a las personas en centros penitenciarios, puesto que la cultura cívica no es sencilla de asumir y asimilar en libertad, menos en estas condiciones.
La apuesta, señaló, es que el modelo en México pueda avanzar de manera que haya un fomento a la cultura cívica real, una sensibilización para los funcionarios electorales, además de los mecanismos para hacerles llegar material valioso.
La experta indicó que si para un ciudadano en libertad es complejo distinguir las noticias falsas, en prisión es más complejo, porque el voto implica no sólo conocer la problemática del entorno sino las propuestas para solucionarlo, por lo que, opinó, sería importante contar con un reglamento para la regulación de este ejercicio, basado en experiencias de la región que fueron exitosas.
Destacan importancia
Para quienes no confían en la transparencia del ejercicio o consideran que no es justo que las personas en proceso voten, la especialista dijo que las prisiones no pueden seguir siendo centros de exclusión en las que “arrojamos todo aquello que no nos interesa ver. Se llaman centros de reinserción social, lo que buscamos es que si la persona cometió un delito, reforme su vida. En este caso, quienes van a votar son personas sin sentencia y que en ocasiones pasan hasta 16 años en espera de una resolución”.
Agregó que genera más daño que una persona esté desconectada de lo que pasa en su comunidad y lo que se busca es que el daño que posiblemente cometió “qué mejor resarcimiento que involucrarse con la vida de su comunidad, sus necesidades y participando en las decisiones”.