La violación de sellos para recuperar inmuebles asegurados por la venta de droga y asociación delictuosa ha sido registrado en las 16 demarcaciones de la Ciudad de México, según revelan datos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ).
Y es que en la capital delincuentes han violado 2 mil 214 sellos de aseguramiento de inmuebles en casi seis años, según la información obtenida por EL UNIVERSAL vía transparencia.
De acuerdo con especialistas, este delito es poco atendido por las autoridades no sólo de la capital sino de otras entidades federativas.
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Según el reporte, el número de quebrantamiento de sellos corresponde al periodo del 5 de diciembre de 2018 al 11 de septiembre de 2024.
Los documentos remitidos señalan que en las coordinaciones territoriales de las 16 demarcaciones registran este delito.
En este sentido, las alcaldías en donde más se violaron sellos de aseguramiento de inmuebles en el periodo mencionado son Gustavo A. Madero, con 449; Cuauhtémoc, con 350, y Coyoacán, con 223.
De estas alcaldías continúan Iztapalapa, con 180; Tlalpan, con 153; Álvaro Obregón, con 130; Benito Juárez, con 122, y Xochimilco, con 117.
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La especialista en materia de seguridad por El Colegio de México, Carolina Jasso, explicó que este delito registra una incidencia importante y para los grupos criminales recuperar los inmuebles incautados significa que puedan mantener un control territorial.
Detalló que los casos tienden a concentrase en la alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e Iztapalapa, demarcaciones en donde el delito del narcomenudeo está muy presente.
Es en Cuauhtémoc en donde los grupos predominantes son los que encabezan este delito, es decir, La Unión Tepito y Anti-Unión.
“En la alcaldía Cuauhtémoc sabemos que hay grupos particulares que operan y que podrían ser los responsables de la comisión de este delito, también hay que tomar en cuenta que este delito no lo comete una persona, generalmente, como se puede ver, lo cometen dos o tres personas”, abundó.
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Carolina Jasso comentó que el quebrantamiento de sellos tiene un comportamiento fluctuante, es decir, que la comisión del mismo puede no denunciarse, tener subregistros, que la autoridad no lo atienda o, incluso, que sea omisa.
“En el caso de Cuauhtémoc es paradójico, porque es una alcaldía con mucha presencia policial, hay muchísimas cámaras de videovigilancia; pese a eso, es una alcaldía en donde el delito está muy presente. Puede ser que las autoridades no se den cuenta o que sean omisas, también la gente, generalmente cuando se incauta o se coloca un sello, no denuncia [quebrantamiento] porque sabe que los grupos criminales van a recuperar estos inmuebles para asegurar el control territorial”, puntualizó.
Además de estas alcaldías, se encuentran Iztacalco, con 97 sellos violados; Miguel Hidalgo, con 90, y Venustiano Carranza, con 72.
En la solicitud de transparencia remitida por la fiscalía capitalina no precisan si se realizó alguna acción para revertir este delito e, incluso, señalaron que no contaban con los recursos humanos para determinar en qué colonias y calles se encontraba cada uno de los inmuebles a los que les fueron retirados de manera ilegal los sellos de aseguramiento.
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La alcaldía Tláhuac registró en el periodo del 5 de diciembre de 2018 al 11 de septiembre de este año 63 casos; Cuajimalpa, 54; Azcapotzalco, 50; Milpa Alta, 35; y Magdalena Contreras, 29.
David Saucedo, especialista y consultor en materia de seguridad, coincidió en que los inmuebles o bienes asegurados son utilizados por los mismos narcotraficantes en otras entidades y en la Ciudad de México ocurre lo mismo con narcomenudistas.
Organización.
La especialista Carolina Jasso refirió que recuperar los inmuebles asegurados por droga necesita una organización y que esto representa un modus operandi para los grupos que se dedican a la venta de drogas.
“Al recuperar los inmuebles clausurados también recuperan el control sobre los puntos de distribución de drogas”, dijo.
Bajo el Código Penal Federal y de la capital este delito es predecible, apuntó Jasso; sin embargo, sigue habiendo facilidad para que los grupos puedan recuperar los bienes.
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“Esto refleja la necesidad de una mayor vigilancia y tal vez estrategias más eficaces, aumentar el uso de tecnologías… el hecho de que las penas aumenten no ha tenido un impacto significativo”, dijo.
El Congreso local probó endurecer penas de 12 años de prisión y de mil a 5 mil días de multa a los propietarios de establecimientos y obras clausuradas o suspendidas que continúen operando, aunque los sellos estén intactos; sin embargo, no lo contempla para inmuebles asegurados por drogas.