Por primera vez, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, intervino para que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina investigue con perspectiva de género las agresiones que sufrieron las hermanas Pardo Alvarado, luego de denunciar que hombres se encontraban en los espacios exclusivos para mujeres en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.
Este domingo, ante la presión de colectivos feministas para movilizarse por este caso, la mandataria, quien estuvo a acompañada por la titular de la procuraduría local, Ernestina Godoy Ramos, acudió a la agencia del Ministerio Público Especializada en Atención a los Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro con el objetivo de resolver la desatención, ya que las mujeres solicitaban que se asumiera el caso con perspectiva de género y no como riña.
“Hoy [domingo] me enteré de un caso de dos mujeres jóvenes que llevaban más de 24 horas en el Ministerio Público por una atención deficiente relacionada con una denuncia sobre algunos hombres que se subieron al vagón exclusivo de mujeres, en la Línea B del Metro”, indicó por medio de pronunciamiento en redes sociales.
El sábado pasado, alrededor del mediodía, una de las detenidas solicitó a las autoridades de la estación Deportivo Oceanía de la Línea B que bajaran a hombres que se encontraban en un vagón exclusivo para mujeres; en consecuencia, uno de ellos, presuntamente, golpeó a la usuaria y a su hermana, por lo que fueron trasladados al Ministerio Público.
Por lo anterior, se abrió una carpeta de investigación por riña, privándolas de su libertad; sin embargo, feministas acudieron al lugar donde las tenían retenidas para solicitar su liberación y que el caso se investigará con perspectiva de género. Las hermanas fueron liberadas a las 16:00 horas.
En ese sentido, la mandataria capitalina aseguró que se revisará la actuación en los ministerios públicos, con el debido respeto de la autonomía de la Procuraduría General de Justicia, así como la atención a las víctimas de alguna injusticia, principalmente mujeres.
“Al dar seguimiento al suceso, además del apoyo que brindará la PGJ, tengo claro que es necesario fortalecer la obligatoriedad de que no se suban hombres a los vagones de mujeres, la [actuación] de los policías en el Metro y atender de fondo [el trabajo] de los ministerios públicos, con respeto a la autonomía de la procuraduría; mejorar atención a todas las víctimas, pero en especial a las mujeres”, aseguró la jefa de Gobierno.
Claudia Sheinbaum comentó que el tema de los espacios exclusivos y atención a mujeres es prioritario en su gobierno, “sé que lleva mucho esfuerzo, pero lo vamos a conseguir. De eso se trata una ciudad de derechos y una ciudad con justicia”, concluyó.
Muestras de apoyo
Previamente, feministas e integrantes de colectivos contra la violencia de género colocaron cartulinas afuera del Ministerio Público de Pino Suárez, con las leyendas: “Fuera golpeadores del Metro”, “No me cuidan”, “Justicia para las hermanas Pardo” y “La policía no me cuida, me cuidan mis amigas”.
El pasado 25 de noviembre, la jefa de Gobierno decretó la Alerta por Violencia en Contra de las Mujeres, derivada por el incremento de diversos delitos, ya que entre octubre de 2018 y el mismo mes de este año se incrementó 10% el número de carpetas de investigación iniciadas por violación.
En ese sentido, aseguró la profesionalización y certificación de los ministerios públicos, asesores jurídicos y peritos especializados que atienden delitos de carácter sexual de la PGJ de la Ciudad de México, demanda que han reiterado los colectivos de feministas, incluso que ellas puedan ayudarlos en la capacitación.
Entre otras cosas, también se busca crear el registro público de agresores sexuales con sentencia firme y que se conozca a los violadores, por medio de una iniciativa de ley para que sea aprobada en el Congreso local.
Además, el pasado 24 de septiembre el Gobierno de la Ciudad de México anunció que sancionaría a los hombres que usen los espacios exclusivos para las mujeres en el Metro y en el Metrobús, luego de que fue lanzada la campaña Paremos la Violencia.
La Ley de Cultura Cívica establece que se sancionará con una multa de mil 774 a 2 mil 534 pesos, arresto de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 a 18 horas a la persona que ingresé a zonas de acceso restringido, en particular en los lugares o inmuebles destinados a servicios públicos, sin la autorización correspondiente.
