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"Ninguna amenaza es bienvenida"; rechaza Taddei dichos sobre juicio político contra consejeros del INE
emilio.fernandez@eluniversal.com.mx
Tecámac, Méx.— Ante las amenazas de representantes de inmobiliarias que quieren obligar a los dueños de tierras a que se las vendan para desarrollar proyectos en las inmediaciones de la Base Aérea de Santa Lucía, donde se construirá el nuevo aeropuerto, y de extorsiones de supuestos miembros del crimen organizado que les exigen dinero por la venta de sus propiedades, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) hará un despliegue de monitoristas a la región para ayudar a los habitantes.
“Estamos preparando un despliegue de presencia, nosotros le llamamos de monitoristas de derechos humanos que estaremos de forma permanente en toda la región, estamos preparando a habitantes de la región para que desarrollen labores de monitoreo civil de derechos humanos para tener herramientas para que las personas de la región puedan prevenir posibles violaciones a sus derechos humanos”, dijo Antonio Lara, director de la organización no gubernamental.
Cuando se llevaba a cabo el proyecto aeroportuario en la región de Texcoco sucedió algo similar. Algunos de los ejidatarios que vendieron sus parcelas para la edificación de la terminal aérea denunciaron que fueron víctimas de presuntos integrantes de organizaciones delictivas que les exigieron dinero para que no les hicieran daño, varios de ellos tuvieron que entregarlo por temor a que los extorsionadores cumplieran sus amenazas.
“Ahí es donde es muy importante que existan mecanismos de consulta para las comunidades porque si lo manejas en términos de relación gobierno-empresa o interés privado y los ciudadanos, pues se presta justamente para este tipo de acciones delictivas y cuando lo manejas en términos comunitarios, como es la consulta previa e informada, se fortalece el tejido social en cada una de las comunidades y es muy difícil que los actos delictivos puedan prosperar”, comentó.
El fin de semana se realizó un foro en el poblado de Los Reyes Acozac sobre los impactos negativos que traerá consigo la construcción de la terminal aérea y ahí se expuso que desarrolladores de vivienda presionan a los propietarios de predios para que se los vendan; además de que organizaciones delictivas al saber el precio en el que puede comercializarse un terreno en la zona han intimidado a sus dueños para que les den dinero, aun cuando no se haya efectuado la transacción.
Antonio Lara pidió a los residentes de la región que enfrentan una situación de estas que acudan con las autoridades ministeriales para presentar las denuncias respectivas.
“Se buscará asfixiar a los habitantes para echar a andar el proyecto sin ninguna restricción. Es importante reiterar que el problema no está en las propiedades, en la tierra, el problema está en el agua, independientemente de que lograran tener una adquisición bajo presión o no, pero que lograran adquirir todas las tierras de toda la región, el problema de la carencia de agua subsiste porque es una cuestión de visión de cuenca”, mencionó.
Antonio Lara , quien es asesor de los pobladores que se oponen a la construcción del aeródromo, expresó que a los inversionistas o desarrolladores de vivienda no les conviene establecerse en esa área del Valle de México porque no hay suficiente agua actualmente y cuando empiece a operar el aeropuerto se agudizará aún más y hasta ahora el gobierno federal no ha explicado cómo resolverá esa escasez en la región.
Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el acuífero Cuautitlán-Pachuca registra actualmente una sobreexplotación superior a 800% y en esa zona se encuentra la Base Aérea de Santa Lucía. Las estimaciones de los representantes de organizaciones sociales son que en menos de una década se presentará una crisis hídrica en la región que dejará sin líquido a sus residentes.
Los vecinos colocarán letreros en los 12 pueblos originarios de Tecámac para advertir que no están de acuerdo con la obra aeroportuaria y se organizan para mostrar su inconformidad; además integrarán grupos de denuncia para dar a conocer cada una de las agresiones de las que sean objeto por parte de los representantes de inmobiliarias.