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Una mujer, víctima de despojo en la alcaldía Azcapotzalco, presentó una denuncia ante la fiscalía capitalina en contra de una ministerio público por presuntamente haber favorecido a otras personas para que pudieran apoderarse de un inmueble que había comprado por poco más de un millón de pesos en la colonia Prohogar.
De acuerdo con la denuncia asentada en la fiscalía de servidores públicos, la ministerio público Nohemí Ayala presuntamente permitió que se anexaran pruebas apócrifas que beneficiaron a que despojaran a la víctima Cecilia Razo del inmueble ubicado en avenida Central 292.
Entre ellos se encuentran documentos como actas que no son reales.
La víctima narró en su denuncia interpuesta, de la cual tiene copia EL UNIVERSAL , que compró dicha casa y resultó que estaba siendo investigada por la Fiscalía para la Investigación de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU).
A pesar de que el domicilio estaba bajo investigación, este no se encontraba asegurado por la misma fiscalía y no tenía sellos.
Durante 14 meses a la investigación no se le agregó nada, y según la víctima, hasta que lo adquirió en 2019 fue cuando la servidora pública comenzó a integrar la investigación.
Uno de los actos ocurrió el 7 de febrero de 2020, cuando la MP solicitó al subtesorero de Catastro y Padrón Territorial el nombre del propietario, lo cual fue remitido hasta el 17 de ese mismo mes y le notificaron que se trataba de la víctima, Cecilia Razo.
Sin embargo, la servidora no lo integró y sí los documentos que una persona identificada como Gabriela “N” le entregó.
A través de sus abogados, la víctima presentó la denuncia contra servidores públicos y por violaciones a los derechos humanos de la misma fiscalía, la cual determinó investigar a la MP.
EL UNIVERSAL publicó que informes de la FGJ señalan que los despojos en la Ciudad no ocurren como hechos aislados y que, incluso, se utilizan documentos apócrifos para hacer pasar a los delincuentes como legítimos propietarios.
