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Para revertir las modificaciones al uso de suelo de distintos predios en la alcaldía Miguel Hidalgo , que fueron aprobados de forma “ilegal” por el Congreso capitalino, esta mañana vecinos de esa demarcación presentaron una solicitud de amparo.
Acompañados de la diputada local del PAN, América Rangel Lorenzana , los inconformes acudieron a la Oficialía de Parte de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, para interponer el juicio de garantías, con la esperanza de revertir el acuerdo.
“No vamos a permitir ni un centímetro más de cemento de manera ilegal. No vamos a permitir que exista un desorden en el crecimiento y desarrollo urbano en la zona. No más caos en temas de movilidad. No permitiremos que la zona se quede sin agua y con falta de servicios”, enfatizaron los vecinos.
El escrito señala que para llevar a cabo dichas modificaciones y para su posterior publicación, “no hubo apego al texto constitucional, sino al de una ley secundaria que, aunque está vigente, contraviene tramos normativos a un ordenamiento de mayor jerarquía”, acusaron.
Además, denunciaron que las iniciativas ciudadanas por las que se modifican los usos de suelo, incumplieron con el procedimiento legislativo, ya que las presentó un solo ciudadano en representación de una empresa, “por lo que hubo una clara transgresión a la disposición contenida en la Constitución de la Ciudad”, dijeron.
De acuerdo con el artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México , explicaron, las iniciativas promovidas por los ciudadanos, deben reunir al menos el 0.3% de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos por la Constitución local y leyes secundarias.
En el recurso ingresado este jueves, los demandantes manifiestan que la jefa de Gobierno no tuvo disposición constitucional, al ser omisa en observar la norma, lo que se traduce en un veto legislativo.
“Los concejales no fueron informados por autoridad alguna, sobre la intención y posterior solicitud de modificación, por lo que nunca emitieron opinión al respecto, como se los exige la Constitución local”, enfatizaron.
Otro hecho a mencionar, es la omisión que existió por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), “autoridad que asesoró a los particulares, dándoles orientación durante el proceso de creación del Decreto que presentaron ante el Congreso local, lo cual también es incorrecto en un acto de este tipo”, señalaron.
Entre los apartados, detallaron, advierte lo evidente que, por el impacto jurídico y social que conlleva en la vida de los ciudadanos cada ley o decreto que se emite, es necesario un análisis serio y profundo de la legalidad de la norma que se va a expedir, así como de sus consecuencias.
Sin embargo, aclararon que no se trata de una opinión, “sino de un verdadero ejercicio de reflexión y análisis jurídico y fáctico sobre las normas, con la finalidad de que ninguno abuse o vulnere la legalidad a la que debe ajustarse el actuar de todos los servidores públicos”, destacaron.
“No fuimos tomados cuenta por parte de la autoridad"
La demanda de amparo la firmaron los vecinos: Luis Eduardo Cervantes, Iván Guerra y Carlos Orozco, de las colonias Granadas y Ampliación Granadas, quienes precisaron que esta petición es reflejo del hartazgo que viven.
“No fuimos tomados cuenta por parte de la autoridad, en temas que impactan nuestra calidad de vida y, sobre todo, del desorden inmobiliario que prevalece en la demarcación. Exigimos poner orden en la zona para evitar su colapso”, insistieron.
El juicio de garantías promovido refiere cinco predios, ubicados en las colonias Anzures, Granadas y Ampliación Granadas, en las que la legislación aprobada en mayo de 2020 permite la operación de hoteles ejecutivos hasta con 10 niveles de construcción.
Dichos predios son: Circuito Interior Melchor Ocampo, 323, colonia Anzures; Ejército Nacional 843 y 769, colonia Granada; Avenida Río San Joaquín 498, colonia Ampliación Granada; y Moliere 515, colonia Ampliación Granada.
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