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El gobierno capitalino entregó al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de ley para la creación de un banco de ADN para uso forense, que pretende facilitar la investigación de delitos como secuestro, violación, estupro y feminicidio en los casos en que la víctima presente signos de violencia sexual, con la finalidad de lograr la identificación de los agresores.
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que se trata de una herramienta de la ciencia criminalística, que orientada a la protección de las mujeres, que permite trazar información biográfica y genética, identifica al agresor, pero sobre todo su reincidencia, medida que ha mostrado su eficacia en otras ciudades del mundo.
“Haremos todo lo que esté en nuestras manos para que la Ciudad sea el espacio seguro que merecen las mujeres”, comentó.
Al entregar ayer la iniciativa en las instalaciones del Congreso local ubicadas en el Zócalo capitalino, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobierno, aclaró que este documento forma parte del Plan de Acción Inmediata de Atención a la Violencia Contra las Mujeres en la Ciudad de México y su objetivo es proporcionar información para el esclarecimiento de hechos que sean objeto de investigación del orden criminal.
De acuerdo con el documento, la Fiscalía General de Justicia, las secretarías de Seguridad Ciudadana y de Gobierno locales serán las encargadas del banco de ADN, éstas constituirán la coordinación interinstitucional de operación y supervisión del banco de perfiles genéticos, aunque podrán invitar a participar a otras instituciones públicas, académicas y a expertos.
El banco almacenará información genética asociada a evidencia biológica que hubiere sido obtenida de indicios, huellas o vestigios encontrados en el lugar donde se haya perpetrado algún secuestro, violación, estupro y feminicidio; personas detenidas, imputadas y sentenciadas por cualquiera de estos ilícitos; muestras aportadas voluntariamente por las víctimas; elementos de seguridad privada; servidores públicos que forman parte de las instituciones de seguridad ciudadana, de los integrantes del gabinete de seguridad ciudadana y procuración de justicia, y de la titular de la jefatura de Gobierno.
