Al menos 431 inmuebles fueron asegurados por el delito de despojo durante 2022 por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, de los cuales solamente 115 fueron restituidos a las víctimas.
Datos presentados en el Plan de Política Criminal 2023 revelan que en lo que va de este año se han asegurado 140 inmuebles, y derivado de las investigaciones, 66 han sido entregados de nueva cuenta.
En el documento, la fiscalía señala que para devolver más inmuebles asegurados se debe tener investigaciones exhaustivas, análisis de documentos existentes y poner en marcha la mesa de despojos.
En 2021, la FGJ aseguró 86 inmuebles y logró regresar 26. En 2020 fueron 126 y se entregaron 65.
Precisaron que de 2018 al 30 de junio de 2023, han logrado la vinculación a proceso de 502 imputados por este delito. Se han dictado más de 190 sentencias condenatorias.
Durante una mesa de trabajo con diputados del Congreso de la Ciudad de México, la fiscal Ernestina Godoy indicó que se han encontrado obstáculos para judicializar las carpetas, y pidió de nueva cuenta una reforma que “permita de una vez por todas detener al despojante”.
“Necesitamos un tipo penal que nos ayude a que las investigaciones sean más dinámicas y darnos posibilidad de judicializar”, expresó.
EL UNIVERSAL publicó en febrero pasado que no sólo grupos delictivos operan el despojo en la Ciudad de México, también abogados, notarios y arquitectos, quienes se valen de documentos apócrifos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, de la misma Tesorería e instrumentos notariales.
La operación consiste en realizar compraventas con contratos apócrifos, daciones de pago y juicios civiles en los que se presenta documentación falsa del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, de la Tesorería e instrumentos notariales.
En esta actividad participan abogados, notarios, arquitectos, grupos violentos, entre otros.
Dichos datos fueron dados a conocer durante la política criminal pasada, y desde ahí la fiscalía anunció que presentará una iniciativa de reforma para modificar el tipo penal del despojo y que con esto puedan detener a los delincuentes en flagrancia, según revela dicho documento, algo que no ha sucedido.
Esta red principalmente ataca víctimas de la tercera edad. Usan viviendas abandonadas, unidades habitacionales, edificios, predios, locales comerciales y vecindades del Centro Histórico.
Otros objetivos para esta red son colonias de alta plusvalía y zonas ejidales en Tláhuac y Xochimilco.
