Las hijas e hijos de mujeres privadas de la libertad, que nacieron durante el internamiento de éstas —hasta el momento hay registro de 58 pequeños: 32 niños y 26 niñas—, podrían permanecer con sus madres dentro del centro penitenciario durante las etapas postnatal y de lactancia, o hasta que el menor haya cumplido tres años de edad, a fin de garantizar en cada caso el interés superior de la niñez.
Así lo establece una iniciativa con proyecto de decreto que presentó la diputada local de Morena Leticia Estrada Hernández, por la que se adiciona una fracción al artículo 12, reforma al artículo 15 y reforma y adiciona un párrafo III al artículo 60 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México.
Recordó que, en la actualidad, el artículo 60 de la Ley de Centros Penitenciarios establece que la edad para separar de sus mamás a los niños y niñas que hayan nacido en los centros penitenciarios será de seis años, tiempo en el cual, considera la norma, se adoptarán medidas encaminadas a fortalecer sus lazos afectivos, brindando espacio y tiempo para ello.
Sin embargo, la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que los pequeños serán separados de sus madres a los tres años; es decir, comentó a El UNIVERSAL la legisladora, “lo que pretendemos es armonizar la norma local con la federal, pues aquí establece que los niños y niñas estén con sus madres hasta los seis años”.
Reconoció que los menores que viven tras las rejas son poco visibles para el Gobierno, porque no se ha actuado a favor de ellos, aparentemente han sido dejados en el olvido, pues no ha existido un mecanismo que pueda garantizar el principio del interés superior de los menores.
“Son rechazados por su familia y marginados por la sociedad, porque son etiquetados por su estancia en el penal, además de [ser] juzgados como futuros delincuentes, un reto adicional que no merecen.
“De manera que insertarse a la sociedad será muy complicado para ellos, ya que nacieron víctimas del sistema penitenciario mexicano”, lamentó.
Insistió que esta iniciativa propone armonizar la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México con la Ley Nacional de Ejecución Penal, para reducir la estancia de las y los niños que viven internos, “como presos sin estar sujetos a proceso alguno”, a fin de que puedan crecer en un entorno amigable donde se desarrollen íntegramente.