Con hasta 16 años de prisión, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México busca sancionar a servidores públicos que filtren imágenes, archivos o datos de alguna carpeta de investigación en trámite, en caso de que la información sea enviada por policías y se trate de mujeres, niñas o adolescentes.
La fiscal capitalina, Ernestina Godoy Ramos, comentó que a raíz del feminicidio de Ingrid Escamilla, ocurrido el 9 de febrero, decidió presentar al Congreso local una iniciativa para crear el artículo 293 Quater de Código Penal, cuyo fin es sancionar a funcionarios que hagan este tipo de difusión.
“En uso de las facultades que las leyes me confieren como fiscal general de la Ciudad, [presento] una iniciativa que da respuesta a un reclamo de la sociedad a raíz de la filtración del material fotográfico sensible de la muerte de Ingrid [Escamilla]”, expresó.
El documento, que fue entregado a los integrantes de la Mesa Directiva y de la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso local, establece que el servidor público que indebidamente difunda imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos, del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos relacionados con un acto que la ley señala como delito, se le castigará con prisión de dos a ocho años y una multa de entre 43 mil 440 a 86 mil 880 pesos.
En el caso de que la filtración se trate de imágenes de cadáveres, partes de un cuerpo, circunstancias de la muerte, lesiones o estado de salud, las penas se incrementarían.
Cuando se trate de información sobre mujeres, niñas y adolescentes, las penas se aumentarán hasta 12 años de prisión, y si el que comparte la información es un policía, podría alcanzar una pena de hasta 16 años de prisión, además de sus respectivas multas.