El uso de la fuerza en las marchas está justificada siempre que se use de manera proporcional y racional, pues en caso de no usarla se estarían negando los procesos en materia de seguridad, dijo la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez.
“Hay criterios para utilizarla, eso sí, lo que rebasa en el marco de derechos es el abuso policial. En el operativo del viernes [por la marcha antifascista] básicamente hubo un episodio [de abuso policial] y nosotros, en lo que observamos, no vimos una intención de que eso fuera una instrucción o fuera generalizado”, explicó la ombudsperson en entrevista con EL UNIVERSAL.
Comentó que los actuales protocolos de intervención en marchas, no dimensionan a los grupos de acción directa ni el tipo de protestas o expresiones sociales que realizan, por lo que en los nuevos protocolos no deben ser “permisibles”.
“Tiene que haber un tipo de contención que permita que esto [agresiones y actos vandálicos] no suceda. Ninguno de nosotros quiere ser permisible, porque los derechos humanos son para todos. Comprendemos las expresiones de manifestación, pero también entendemos las expresiones de los que no se están manifestando”, apuntó.
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Ramírez Hernández consideró que en la revisión de los nuevos protocolos para atender marchas, que le solicitó analizar el Gobierno de la Ciudad, se debe involucrar a los policías que han participado en marchas de acción directa, para conocer su visión y evitar hechos como el ocurrido con Melanie.
Adelantó que parte de la investigación por el caso Melanie, que radica en la primera visitaduría de la CDH local, será revisar si realmente los presuntos agresores de la menor de edad fueron los dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que se encuentran en prisión en el Reclusorio Sur, por el delito de abuso de autoridad.
Para ello solicitaron los videos de las cámaras de la Ciudad y diverso material gráfico, que ayude a la indagatoria, que está agrupada por la declaración ministerial de Melanie y los reportes de los observadores.
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“Es parte de la investigación [comprobar la participación de los elementos en prisión]. Vamos iniciando la investigación, pero no damos por hecho nada, nosotros no podemos ser un ente que acusa. Nos tienen que aportar y analizar todo lo que nos envíen”, aseguró la presidenta de la comisión.
Nashieli Ramírez dijo que hasta el momento se encuentran a la espera de que la madre de la menor acceda a tener contacto con ellos.
“Nos preocupan también las actuaciones de abuso [contra policías]. La visión de la Comisión de Derechos Humanos no es antipoliciaca, sino una que plantea que no vamos a avanzar en nuestro derecho a la seguridad si no tenemos una policía igualmente fortalecida, capacitada. Eso debe ser un mensaje clave.
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Expuso que “así como investigamos el abuso policial, también tenemos a muchos agentes que la comisión protege, para sus derechos laborales”, por lo que refirió que se debe garantizar un debido proceso a los policías, por lo que estarán atentos a que así suceda.
La Quinta Visitaduría de la CDH tiene 420 quejas prestendas por policías preventivos, tránsito y complementaria, que incluyen los cuerpos de las policías Auxiliar y Bancaria e Industrial (PBI), principalmente por violencia laboral, condiciones de seguridad e higiene, acceso a uniformes, riesgos de trabajo y enfermedades de trabajo no reconocidas.