El delito de despojo en la Ciudad de México va al alza y de acuerdo con informes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local, se ha determinado en sus diferentes modalidades de ejecución, lo efectúan en su mayoría grupos delictivos que han encontrado que este ilícito les reditúa “ganancias económicas considerables”.
De acuerdo con indagatorias, los despojos de predios, departamentos, terrenos baldíos y recientemente de reservas en zonas naturales de alcaldías como Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta, Magdalena Contreras y Cuajimalpa, así como en áreas con crecimiento inmobiliario en Cuauhtémoc, Benito Juárez o Miguel Hidalgo, se han convertido en el nuevo negocio de la delincuencia organizada en la Ciudad de México.
Con este giro —según una investigación de la FGJ— grupos como La Unión Tepito o el Cártel de Tláhuac blanquean millones de pesos en efectivo al año.
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El despojo va en incremento anualmente. En promedio, la fiscalía recibe 10 denuncias diarias de capitalinos por este delito. Las víctimas, principalmente, son adultos mayores, pero también se han registrado casos de familias enteras que a través de la fuerza, intimidación y amenazas, les quitan su patrimonio.
De acuerdo con estadísticas de la fiscalía capitalina, durante 2020 se registraron 3 mil 985 carpetas de investigación por el delito de despojo, mientras que en 2021 fueron 4 mil 432. Entre los meses de agosto y diciembre se recibieron más denuncias.
Ante esta situación, la dependencia busca implementar castigos más severos para quienes cometen este delito e implementar una serie de candados legales para que a los grupos delictivos no les sea tan fácil apoderarse de los inmuebles.
Por ejemplo, en 2021, cuatro personas fueron asesinadas en Tláhuac al resistirse a que el cártel asentado en la demarcación los despojara, incluso así y sin los propietarios originales, la organización criminal logró adueñarse de al menos 10 hectáreas en la colonia La Ciénega.
Un caso similar ocurrió con una familia en la zona alta del Ajusco, en Tlalpan. Gente armada los obligó a retirarse del lugar y abandonar dos hectáreas que tenían en una reserva natural y que usan como área de descanso. Ahora viven en Morelos, ante la falta de reacción de las autoridades, nunca pidieron ayuda y decidieron conservar la vida.
En febrero pasado, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), personal de la FGJ recuperó y resguardó 32 viviendas en la Unidad Habitacional Fuerte de Loreto, de la colonia Ejército de Agua Prieta, en Iztapalapa, las cuales fueron invadidas entre 2017 y 2021, y cuyos dueños interpusieron denuncias por despojo.
Al dar a conocer esa información, el vocero de la fiscalía, Ulises Lara, reconoció la problemática de este delito y aceptó que existe la presencia de la delincuencia organizada en ese tipo de eventos.
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Posible colusión
De acuerdo con las indagatorias, se ha detectado que tanto La Unión Tepito como el Cártel de Tláhuac trabajan de la mano con desarrolladores inmobiliarios, incluso no se descarta la infiltración de esos grupos criminales en áreas gubernamentales.
La fiscalía capitalina, en el documento de Política Criminal que entregó en enero de 2022 al Congreso de la Ciudad de México, detalla “los principales medios de comisión y/o conductas delictivas asociadas son la simulación de compra-venta, el mutuo, la dación en pago, la usurpación de identidad, simulación de juicios derivados de fraudes procesales, falsificación de instrumentos notariales, falsificación de contratos privados e inscripciones registrales de legitimidad dudosa y aquellos ocasionados por conflictos familiares como juicios sucesorios, intestados y separaciones o disoluciones conyugales, sobre viviendas abandonadas, principalmente en unidades habitacionales”.
Y puntualiza: “En la comisión del delito de despojo, se ha determinado que se presenta en diversas modalidades de ejecución, en su mayoría, por grupos delictivos que han encontrado en esta actividad una forma de vida que les reditúa ganancias económicas considerables; actuando reiteradamente contra personas mayores de edad”.
Para contrarrestar la problemática, la FGJ expone que buscará complementar investigaciones de las conductas delictivas no como hechos aislados, por el contrario, “como el resultado de la planeación por bandas delictivas, es decir, por fenómeno criminal”.
En la estrategia para la atención de este delito, se fortalecerá la participación de la Consejería Jurídica, el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, Archivo General de Notarías, Colegio de Notarios, la Tesorería y Oficina de Catastro, el Tribunal Superior de Justicia y fiscalía.
Esto, con el fin de obtener datos de prueba en corto tiempo que perfeccionen la investigación con el estándar mínimo, “incluso que permita asegurar el inmueble y el folio real del mismo, logrando con ello la recuperación [aseguramiento] y entrega a quien se encuentra legitimado”, se lee en el documento revisado y analizado por EL UNIVERSAL.