El día de su examen profesional, Claudio Martínez Martínez estaba nervioso. Su familia asistió orgullosa a la ceremonia, sobre todo su madre, quien solo habla náhuatl pero eso no la limitó para comprender el esfuerzo y logro del más chico de sus siete hijos.
Ante sinodales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), el ahora licenciado en Derecho realizó su examen profesional el pasado 12 de abril.
Esta podría ser una titulación como cualquier otra, pero existe un factor que la convierte en un ejemplo especial y de rehabilitación: Claudio Martínez es una Persona Privada de la Libertad (PPL) y purga una condena de 26 años y ocho meses, de los cuales lleva 15 en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.
Su tesis, Situación de las personas privadas de la libertad, en su análisis jurisprudencial interamericano la terminó en tres años y medio porque se atravesó la pandemia de Covid-19; al final, sin muchas correcciones y con gran entusiasmo y profesionalismo, Claudio se recibió de abogado con promedio de 8.74.
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En entrevista con EL UNIVERSAL, Claudio se presenta a la plática sonriente y contento de haber llegado a su meta; su pantalón es beige, mismo que predomina en su camiseta; es el color que portan los sentenciados dentro del penal.
Narra que organizar los horarios para poder estudiar dentro de la institución penitenciaria fue complicado, además de asistir a clases de 9 de la mañana a 3 o 6 de la tarde, debía cumplir con tareas académicas aunque tuviera que desvelarse leyendo y estudiando.
También tenía el compromiso con sus comisiones —labores que ayudan al funcionamiento y convivencia dentro del reclusorio—, como asesorías a otros presos, además de cumplir con los días de visita de sus familiares.
Sus estudios en Derecho fueron gracias al Programa de Educación Superior para Centros de Readaptación Social (PESCER) de la UACM, que surgió en 2004, en conjunto con la subsecretaría del Sistema Penitenciario para fomentar el estudio dentro de penales metropolitanos.
Según datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el PESCER lleva mil 271 matrículas desde su formación; para este año contabilizan 264 estudiantes activos. A sus 42 años, Claudio es el único titulado en este centro de reclusión en lo que va de 2024. Recuerda que, al inicio de la carrera, el grupo de estudiantes era de más de 20, pero la mayoría salió libre o desertó hasta quedar menos de cinco egresados.
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Con pesar en su expresión comenta que no existen muchas opciones profesionales en el Reclusorio Norte, pues el programa ofrece licenciatura en Derecho y en Ciencias Sociales. Él optó por la disciplina legal motivado por su situación penal y porque considera bueno conocer para poder defenderse.
“Desde mi juventud siempre me gustó el estudio. Al llegar aquí [al Reclusorio Norte], vi anuncios sobre la UACM y dije ‘ahora es cuándo, tengo que aprovechar’”, nos comentó.
Abandonó su comunidad para estudiar
Claudio Martínez nació en la comunidad náhuatl El Ixtle Postectitla, en Chicontepec, Veracruz, donde dice que por necesidad y pobreza, se piensa primero en trabajar para comer antes que estudiar.
De acuerdo con el sitio Pueblos de América, en la actualidad, este pueblo indígena cuenta con más de 200 habitantes y prevalece 18% de miembros analfabetas, mientras el grado máximo de escolaridad apenas rebasa la primaria.
“Como en la mayoría de los pueblos indígenas, se padece de falta de educación, en especial por la pobreza. Muchos maestros llegaban y se iban, no hay constancia”. Quienes quieren estudiar tienen que buscar la manera de continuar, explicó.
De sus siete hermanos, sólo él tuvo estudios profesionales; los demás eligieron trabajar ante las adversidad.
A sus 21 años egresó del bachillerato y se trasladó a Hidalgo, donde quiso estudiar para maestro, sin éxito. Pero no pasó mucho tiempo para que la falta de opciones laborales lo motivara a trasladarse a la Ciudad de México. Luego de cometer el delito por el que se encuentra en el Reclusorio Norte, su vida cambió.
Aún con las limitaciones alcanzó su meta
Él mismo considera que no hubiera realizado una licenciatura de haber permanecido en libertad, porque su prioridad ya sólo era tener un trabajo para mantener a su familia, por eso descartó el estudio.
Apenas ingresó al Reclusorio Norte, y todavía sin sentencia, Claudio, fiel a su gusto por aprender, comenzó sus estudios profesionales en el PESCER, aunque siempre tuvo presente que tendría que suspenderlos si salía libre o que podría concluirlos si purgaba una condena.
Durante sus estudios al interior del penal, enfrentó varias limitantes académicas, como acceder a libros u otras fuentes educativas necesarias para cumplir con sus trabajos universitarios. Fue gracias a sus profesores, en especial a su asesor de tesis, quien le conseguía los materiales.
Con ligero pesar admite que conforme avanzó su licenciatura “llegó a mi mente el ‘ya no puedo más’, pero pensé ‘¿por qué si los demás pueden, yo no?’ Las cosas no son fáciles en cualquier lugar”, dice.
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Por ahora, el modelo educativo del PESCER no ofrece especializaciones dentro de la licenciatura, pero Claudio no descarta obtener un grado mayor, “sería un anhelo [tener maestría y doctorado]... me encantaría continuar”, aseguró.
Aún le faltan diez años de sentencia, pero en uno más él mismo podrá solicitar la libertad adelantada, con asesoría de colegas. Dice que, si cuando esté fuera existiera la posibilidad de integrarse como profesor del programa que le dio su licenciatura, lo haría sin dudar.
Desde su llegada al Centro Penitenciario, Claudio impartió clases de lengua náhuatl, para después ser colaborador del Inea por nueve años, donde comandaba cursos para otros PPL. Por el momento, es socio capacitador de la Editorial Plaza y Valdés, además de asesor legal.
Dice ya tener planes para cuando salga, entre ellos ejercer su profesión.