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Tlalnepantla, Méx.— “Fiscalía, ‘amiga’, recuerda cuando al Black venías y la cuenta tú debías”. “¡Somos meseras, no goteras!”. “Libertad!” y “No están solas!” fueron consignas que gritaron casi un centenar de empleadas y trabajadores del antro Black Royce durante al menos 12 horas que se prolongó la audiencia contra los seis detenidos por la muerte de Íñigo Arenas Saiz.
Durante el día hubo tres recesos y al cierre de esta edición aún no se reanudaba la audiencia en la que se definiría si se vinculaba a las cuatro mujeres y los dos hombres presuntamente involucrados en el homicidio del empresario de 41 años.
En tono exigente y bloqueando la circulación en la calle que da acceso al penal de Barrientos y a los juzgados orales del Poder Judicial estatal, empleados del antro pidieron la libertad de sus compañeros detenidos.
Cristina Ponce, representante legal del Black Royce, señaló como injusta la detención de los trabajadores por la muerte de un cliente, “la cual fue un accidente”.
La audiencia inició cerca de las nueve de la mañana del 15 de agosto; los tres abogados de los detenidos presentaron el testimonio de dos peritos en medicina forense y en química para argumentar que Íñigo falleció por ahogamiento con su vómito luego de haber consumido grandes cantidades de alcohol y no por algún tóxico producto de sustancias ilícitas.
Por ello, la defensa solicitó la libertad de las cuatro mujeres y los dos hombres, argumentando que su papel fue auxiliar al cliente que llegó alcoholizado al antro y que ahí únicamente bebió agua mineral y nunca hicieron algo con la intención de terminar con su vida.
El Ministerio Público ratificó su petición de vinculación a proceso, pues argumentó que las cuatro mujeres y los hombres detenidos actuaron de forma organizada para recibir fuera de horario a la víctima, cobrarle cuatro botellas de alcohol al cliente, y pese a que ya se había puesto morado, habrían intentado reanimarlo, pero no llamaron a los cuerpos de emergencia sino hasta una hora con 40 minutos después de que presentó la primera crisis.
El Ministerio Público destacó que el no haber dado aviso a los servicios de emergencia de forma inmediata, el haber modificado la escena al sacar a Íñigo de la sala VIP donde falleció y cambiarle la camisa donde había rastros de cocaína, son indicios relevantes de la participación de los detenidos en el homicidio del empresario.
El Ministerio Público afirmó que además de los seis detenidos hay una séptima persona involucrada pendiente de detener.
Íñigo Arenas falleció el 6 de agosto en el Black Royce “por asfixia mecánica por sofocación inducida en su modalidad de oclusión de vías respiratorias por contenido gástrico con presencia de alcohol y de sustancias químicas de naturaleza controlada, que limitaron su conciencia, funciones motoras y que en grado de probabilidad habría propiciado su deceso”, dio a conocer la fiscalía mexiquense.
