Tlalnepantla, Méx.— La prisión preventiva oficiosa permite que un Ministerio Público negocie “en un gran acto de corrupción desde la oscuridad de las galeras o en una bandilla” el destino de muchos mexicanos que han pasado meses o años en prisión, señaló Daniel García, quien junto con Reyes Alpízar esperan con brazaletes electrónicos atados a sus tobillos la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de haber vivido casi 18 años en cárceles mexiquenses sin ser sentenciados.
Los dos hombres fueron detenidos tras el asesinato de la regidora panista de Atizapán de Zaragoza, María de Los Ángeles Tamés Pérez, el 1 de septiembre de 2001, y que hace tres años salieron del penal de Barrientos con brazaletes electrónicos para seguir su juicio en libertad.
Ambos pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador convocar a una consulta pública sobre la prisión preventiva oficiosa, y que facilite el diálogo y la discusión nacional, para no tener “más penas sin culpa”.
Este caso es emblemático en la discusión que realizan magistrados y cortes internacionales para eliminar la prisión preventiva, afirmó Daniel García en entrevista con EL UNIVERSAL. Esta figura jurídica, afirmó, “es un gran negocio para policías y fiscales corruptos”.
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