Más Información
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, propuso incrementar en un tercio las sentencias por el delito de corrupción , en cualquiera de sus modalidades, contra servidores públicos “de alta jerarquía”, desde directores generales hasta la titular de la Jefatura de Gobierno, diputados locales, alcaldes y concejales .
Además, al presunto responsable le serán decomisados todos los bienes , productos e instrumentos del delito obtenidos, así que la prescripción de esa ilícita actividad contará a partir de que la autoridad tenga conocimiento de los hechos investigados.
Para ello, la mandataria presentó una iniciativa al Congreso de la Ciudad de México , para reformar el Código Penal capitalino , donde propone el aumento de un tercio de la pena, cuando el delito de corrupción sea cometido a gran escala por servidores públicos, que tengan cargo de director general, similar, de mayor jerarquía o aquellos que obtengan su cargo por voto popular o plurinominal.
En el documento, reconoce que la actualidad, los delitos de corrupción tipificados en el Código Penal, son: ejercicio ilegal del servicio público, abuso de autoridad, uso ilegal de la fuerza, de atribuciones y facultades, intimidación, tráfico de influencias, concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, usurpación de funciones, remuneración ilícita, evasión de presos y malversación de recursos o deuda pública.
De allí que ahora, la Ejecutivo local propone que los tipos penales complementados con la siguiente denominación: corrupción, en su modalidad de cohecho; corrupción, en su modalidad de peculado; corrupción, en su modalidad de enriquecimiento ilícito, y así sucesivamente con el resto de las conductas ilícitas que contempla la actual norma.
“No se trata de una propuesta innecesaria ni desproporcionada, sino apegada a derecho y en beneficio de las víctimas directas, de las instituciones y de la sociedad; es decir, un bienestar general apegado a la rectoría del ejercicio de la función pública con ética, austeridad, transparencia, responsabilidad, así como la rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación, se lee en la iniciativa”, señala en sus motivos Sheinbaum Pardo en su iniciativa.
Justificó su reforma con base en estadísticas oficiales de 2017, que refieren que 14.6% de la población de 18 años y más, que tuvo contacto con algún servidor público sufrió algún acto de corrupción, y es la Ciudad de México la de mayor porcentaje de víctimas, con 20.1%.
Destacó que, si bien una de las formas para combatir la corrupción es mediante la denuncia, pero el 82.6% de la población a nivel nacional que sufrió algún acto de corrupción no denunció el delito.
En el documento, Sheinbaum Pardo refiere que los actos de corrupción merman el desarrollo adecuado y la credibilidad de las instituciones, desalienta la inversión, disminuye la calidad de vida y propicia la inseguridad.
Añadió que su iniciativa pondera y protege los derechos de las víctimas del delito, al combatir la impunidad mediante acciones de cero tolerancia a la corrupción, además de que priorizar el tejido social, la integridad de las instituciones y el fortalecimiento de la democracia.
Ante este panorama, Sheinbaum Pardo sugiere modificar el título Décimo Octavo del Segundo Libro, así como el artículo 256; adiciona un párrafo tercero al artículo 114 recorriéndose el subsecuente, al igual que el título Décimo Octavo bis y el artículo 256 bis y se deroga el último párrafo del artículo 256 bis del Código Penal para el Distrito Federal.
Cabe destacar que actualmente estas ilícitas conductas se castigan con penas que oscilan de seis meses a 12 años de cárcel, y de 100 a 300 días del salario mínimo vigente, así como inhabilitación para ocupar cualquier cargo público de uno a 20 años.
grg
