Julio César Serna Chávez, extitular de la Central de Abasto (Ceda) y cercano colaborador del exjefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, solicitó un amparo para liberar su departamento en la colonia Nápoles, el cual las autoridades mantienen asegurado, pero un juez federal le negó, por ahora, la petición.
Mediante un juicio de amparo, el exjefe de gabinete de Manera impugnó el aseguramiento precautorio sobre el departamento y solicitó una suspensión provisional para liberarlo antes del dictado de la sentencia.
Serna Chávez fue acusado por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) por enriquecimiento ilícito, razón por la que fue detenido y vinculado a proceso.
La demanda de garantías fue admitida por el juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, quien le negó la suspensión provisional, por lo que el inmueble permanecerá asegurado por lo menos hasta que el juez dicte sentencia incidental en la que decida si concede o no la suspensión definitiva.
En otro amparo, Serna Chávez solicitó liberar sus cuentas bancarias e impugnó la prisión preventiva justificada que le fue impuesta cuando fue vinculado a proceso.
Sin embargo, el juez Segundo de Distrito de Amparo no ha admitido a trámite la demanda porque el exfuncionario no señaló qué cuentas bancarias fueron las que le inmovilizaron.
“El justiciable fue omiso en señalar qué cuentas bancarias fueron sujetas a las medidas cautelares reclamadas, así como la institución financiera a la que pertenecen, requisitos que, a criterio de este juez, son indispensables para proveer respecto de la suspensión que solicita”, señaló el juzgador.
Por ello, le dio cinco días para que aclare por escrito las cuentas bancarias que busca descongelar con el amparo, el banco al que pertenecen y el lugar en el que fueron abiertas.
De no hacerlo, el juez puede admitir la demanda, pero no tomará como acto reclamado el bloqueo de cuentas señalado por Serna Chávez.
La acusación contra Serna Chávez derivó de la información aportada por Miguel Ángel Vásquez Reyes, exsubsecretario de Administración y Capital Humano del gobierno de Mancera, investigado por actos de corrupción, quien solicitó a la FGJ ser testigo colaborador.