Con la federalización de los servicios de salud de la Ciudad de México habrá cambios en la forma en que se ofrece atención médica a los habitantes.
Tras la adhesión de la capital del país al órgano público descentralizado IMSS-Bienestar, en junio pasado —convenio firmado por la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum—, la Secretaría de Salud (Sedesa) se compactará y tendrá una reducción en sus funciones.
Una vez que el órgano absorba los 353 centros de salud, 35 hospitales y a su personal médico, la dependencia local dejará de brindar atención médica a los capitalinos, con excepción de la población privada de la libertad, y en su lugar, fortalecerá sus funciones de salud pública y de rectoría de salud, según su titular, Oliva López.
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Esto significa que la Secretaría de Salud no atenderá en términos médicos ni clínicos a los habitantes, sino que se dedicará a actividades en territorio de atención colectiva y de prevención de enfermedades.
“Es toda la parte que tiene que ver con la rectoría en salud, la atención colectiva y la incidencia sobre determinantes sociales, que es lo que se conoce tradicionalmente como las funciones de salud pública, que lo que hacen es no atender en términos clínicos, personales, a la población, sino incidir sobre las condiciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, detección masiva, para mejorar la identificación temprana de enfermedades, pero sobre todo para prevenirlas y transformar situaciones que dan lugar a la enfermedad”, dijo.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Oliva López indicó que a diferencia de otras entidades del país, la Sedesa aún se encargará del servicio a la población del Subsistema de Atención a Población Privada de la Libertad. Hasta marzo de este año, se contabilizaban 25 mil 500 personas privadas de la libertad en la capital, según la Subsecretaría de Sistema Penitenciario.
Un ejemplo del funcionamiento que tendrán los servicios de salud en la capital del país con la entrada de IMSS-Bienestar es el caso de las campañas de vacunación, explicó la titular de Sedesa. Se trata de una actividad que entra en las funciones de salud pública, por lo que habrá coordinación, ya que quien aplique las dosis será personal del IMSS-Bienestar, pero corresponde a las autoridades locales y al gobierno federal identificar el porcentaje de población que será inmunizado.
“En las campañas masivas todo lo que se hace sin distinción de derechohabientes son esencialmente funciones de salud pública, y aquí desde luego habrá coordinación porque quien tiene al personal de enfermería que vacuna será el IMSS-Bienestar, tal como lo hacen las clínicas del Seguro Social o del ISSSTE, pero el ordenador, el que identifica las coberturas, el que asigna el porcentaje de personas que hay que vacunar, es la entidad y sobre todo, la Secretaría de Salud del gobierno de México”, señaló.
Esta reducción en las funciones de Sedesa también significa una disminución de recursos, ya que del total etiquetado que recibe anualmente, 70% lo consume la atención médica, mientras 30% restante se va en actividades en territorio y de salud pública, que será lo único que desempeñará desde ahora. En 2023, la Secretaría de Salud capitalina recibió 21 mil millones de pesos.
“Se va a reducir porque la parte de atención médica, que es una parte que consume muchos recursos, se va a transferir al IMSS-Bienestar, pero se va a quedar un soporte financiero, desde luego, que va a permitir que se realicen las funciones de rectoría en salud, las funciones de salud pública y todas las acciones en territorio, todas las acciones de atención colectiva”, explicó.
Para dimensionar la cantidad de población que recibe atención médica, se consultó el cuarto informe de gobierno de la Secretaría de Salud local (publicado en 2022), en el cual se indica que durante los primeros tres años de la actual administración los servicios de salud pública y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México realizaron diariamente 13 mil 132 consultas y atendieron mil 366 urgencias. Tan solo entre agosto de 2021 y julio de 2022 se ofrecieron en total un millón 754 mil 595 consultas médicas a la población.
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Nuevo modelo será un desafío
Gustavo Leal Fernández, investigador en atención a la salud de la UAM Xochimilco, explicó a esta casa editorial que el proceso de federalización implicará que la Sedesa entregue la totalidad de sus hospitales, centros de salud, trabajadores, recursos financieros e infraestructura, al IMSS-Bienestar, por lo que ya no mantendrá ningún nivel de atención médica.
El desafío más grande de esta apuesta —que se aplicará en toda la República—, explicó, será si este nuevo modelo tendrá la capacidad para brindar la atención que requiere la población urbana y semiurbana que habita la Ciudad de México, ya que tiene determinados perfiles de salud y por lo tanto necesidades específicas por cubrir.
“Tienen perfiles de salud muy complejos, por el propio perfil de salud del mexicano, que como vimos en la pandemia de Covid-19 acarrea muchas complicaciones por los estilos de vida, la diabetes, los cánceres, los accidentes cerebrovasculares, las violencias, todo este tipo de complicaciones en el perfil es lo que va a enfrentar el OPD”, indicó.
Leal Fernández refirió que por este motivo, el modelo de atención del nuevo plan impulsado por el gobierno federal “no será suficiente”, por lo que continuará el debate sobre la necesidad de mejorarlo para que pueda brindar la atención que espera la ciudadanía.
Por separado, Enrique García Martínez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, consideró que esta nueva reorganización del sistema implica un “esfuerzo titánico” para cumplir con el derecho a la salud: “Al tratarse de un cambio es normal que haya riesgos, de ahí que se requiera una evaluación permanente del funcionamiento del mismo.
“De inicio, no todos los esquemas son exitosos, sino que requieren de una evaluación permanente, para efecto de poder corregir aquellos elementos que quedan sueltos”, explicó en entrevista.
Indicó que desde la perspectiva de la administración pública no es extraño que se den cambios de centralización o descentralización de los servicios, por ello consideró que se requerirá que esta transición se eche a andar, para poder determinar, con el tiempo, sus alcances.
“Es un hecho que los cambios son normales dentro de las administraciones públicas. Se da una especie de descentralización de acuerdo a los momentos históricos que responden justamente a las necesidades”, añadió.
Reordenamiento de las jurisdicciones sanitarias
El objetivo de la federalización de los servicios de salud apunta a mejorar la atención para quienes no cuentan con un seguro médico, además de otorgar mayor abasto de medicamentos y mejoras en los centros de salud de la Ciudad de México y en el resto de los estados del país.
Además de la reducción de funciones que dio a conocer la titular de la Sedesa, el Modelo de Atención a la Salud para el Bienestar (MAS-Bienestar), publicado en el Diario Oficial de la Federación en octubre de 2022, plantea que habrá un “nuevo ordenamiento territorial” de las jurisdicciones sanitarias con el fin de centrarlas en las personas, las características sociodemográficas y epidemiológicas del entorno, no así “con fundamento en la existencia y ubicación de los servicios de salud”.
Actualmente, en la Ciudad de México existe una Dirección de Jurisdicción Sanitaria por cada una de las 16 alcaldías y en conjunto con las autoridades locales, se valorará la posible subdivisión de las jurisdicciones actuales en territorios menores.
De acuerdo con el cuarto informe de gobierno de la administración capitalina actual —el más reciente publicado a finales de 2022—, la Sedesa cuenta con 353 centros de salud y 35 hospitales, por lo que esa infraestructura se transferirá al nuevo modelo.
Hasta julio pasado, 22 entidades federativas ya habían firmado el convenio para integrarse al modelo IMSS-Bienestar, con un total de 253 hospitales, 21 unidades médicas de especialidades y 4 mil 146 centros de salud trasladados.
Además, en conjunto, sumaban 5 mil 339 médicos especialistas que habían sido transferidos de las entidades federativas al nuevo sistema, de acuerdo con el gobierno federal.
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