El trabajo en el Congreso de la Ciudad de México se incrementará en las próximas semanas, pues los diputados deberán aprobar la iniciativa de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para agravar las penas contra el delito de extorsión, además de analizar y avalar el Paquete Económico 2025 y nombrar a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Será este martes cuando sea turnada a comisiones la propuesta de la mandataria capitalina para reformar el Código Penal, y después de 10 días hábiles podría ser aprobada, es decir, la primera semana de diciembre.
En tanto, el miércoles comenzarán las mesas de trabajo presenciales con las personas titulares de las alcaldías, organismos autónomos, Tribunal Superior de Justicia y diversas instancias locales, como parte del proceso de análisis, discusión y aprobación del paquete presupuestal, el cual deberá ser aprobado antes de finalizar el año.
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También se prevé que la segunda quincena de diciembre, las y los diputados locales voten por la nueva o el nuevo fiscal, pues será el 2 de diciembre cuando el Consejo Judicial Ciudadano elija una terna de candidatos, misma que será enviada a la jefa de Gobierno para su valoración y ella definirá si envía el nombre de una persona o la terna completa para su votación en el Congreso local.
La iniciativa de Clara Brugada busca que la extorsión sea considerada un delito contra la vida, la integridad corporal, la dignidad y el acceso a una vida libre de violencia, y ya no sea visto únicamente como una falta patrimonial.
Se perseguirá de oficio, se castigará con hasta 15 años de prisión y tendrá 14 agravantes para incrementar esta pena, entre ellas cuando la extorsión sea cometida tras un hecho de tránsito, los famosos montachoques, y cuando se utilicen o el delito se cometa contra menores de edad y adultos mayores.
El Gobierno de la Ciudad de México tiene hasta el 20 de diciembre para enviar al Congreso capitalino la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos, mismos que serían avalados a más tardar el 27 de diciembre, según el reglamento interno de las y los diputados locales.