Con la reforma a 11 leyes en el Estado de México se fortalece la atención primaria y de prevención a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia, así como políticas públicas para erradicarla, aseguró la presidenta de la Comisión de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición del Congreso mexiquense, Karina Labastida Sotelo.
¿Qué relevancia tiene que en el Congreso del Estado de México se haya aprobado una reforma integral, con un paquete de modificaciones a 11 leyes?
—El Estado de México es la entidad con el mayor número de feminicidios, por ello es importante atender esta problemática con acciones contundentes. Las diputadas que integramos la Legislatura impulsamos la reforma que comentas, la cual cuenta con un abordaje integral, es decir, va más allá del enfoque punitivo y considera medidas específicas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las niñas, las adolescentes y las mujeres.
La reforma se centra en seis temas prioritarios: feminicidio, violencia familiar, desaparición de niñas y mujeres, feminicidio infantil, violencia sexual, y niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, y garantiza la incorporación de los estándares internacionales sobre derechos de las niñas, adolescentes y mujeres en la legislación estatal, de manera que se responda de forma efectiva y eficaz a la situación de violencia que se vive en el estado, así como garantizar el acceso a la justicia plena de las sobrevivientes y sus familias.
Se dijo que esta legislación sienta las bases de lo que deberá replicarse en otros congresos, ¿por qué?
—Porque estas reformas son el resultado de un esfuerzo colectivo y articulado. En su creación participaron la Iniciativa Spot-light, el gobierno de México (Inmujeres, Conavim, la Secretaría de Relaciones Exteriores).
Además, la Unión Europea, seis agencias de la Organización de las Naciones Unidas: la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito; la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia; el Grupo de Acción Por los Derechos Humanos A.C., socio implementador de la Iniciativa Spotlight.
También 45 organizaciones de la sociedad civil, además de casi 100 servidoras y servidores públicos del gobierno del estado, organismos públicos autónomos y la Legislatura, donde aportaron cada uno su conocimiento y experiencia en su construcción.
Gracias a la Iniciativa Spotlight se realizó un diagnóstico de todas las leyes existentes en nuestro estado para detectar disposiciones discriminatorias y contrarias a los estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres.
Se hicieron una serie de recomendaciones y propuestas para armonizar nuestra legislación a esos estándares; además de introducir las experiencias y buenas prácticas existentes en otros países y estados, que derivaron finalmente en modificar 11 leyes estatales para fortalecer la atención primaria de las víctimas, para establecer políticas públicas, mecanismos y programas de prevención de la violencia.
¿Por qué se considera que esta es una reforma preventiva y de atención para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias?
—Porque a través de la reformas se institucionalizan políticas públicas, programas y mecanismos para la prevención de la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, estableciendo, por ejemplo, que todas las políticas públicas y los programas de gobierno busquen vías para eliminar la discriminación y modificar la desigualdad que existe entre hombres y mujeres.
La obligatoriedad de las y los servidores públicos, sin importar su nivel o calidad, de denunciar cualquier caso de violencia en contra de la niñez y la adolescencia para lograr su protección integral; medidas para prevenir y detectar actos de violencia en los centros de atención, cuidado y desarrollo integral.
También se garantiza el deber de indemnizar a las víctimas cuando las autoridades no actúen en casos de violencia contra las mujeres y ello derive en feminicidio, haciéndolas sujetas de responsabilidad patrimonial, ello con el objetivo de lograr que la autoridad sea diligente y ajuste su actuar a la ley.
Indicó que esta reforma obliga a la Legislatura a aprobar los recursos para atender los temas torales que incluye. Además, el gobierno del estado deberá asignar la cantidad de recursos que sean necesarios.
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