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Actualmente en la Ciudad de México hay 738 personas privadas de su libertad en reclusorios capitalinos que están amparadas para no ser trasladados a penales federales, entre ellos delincuentes de alta peligrosidad y de cuello blanco, pero deben ser traslados pues requieren estar en centros penitenciarios de alta seguridad, comentó la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.
“Estamos trabajando en ese tema, pero tiene que ver con las autoridades federales, es un trabajo conjunto. Hay algunos de alta peligrosidad, pero no son todos, también tenemos muchos de cuello blanco y otros delitos que tienen amparos y están en la ciudad y buscan no irse a cárceles federales”, explicó.
Expuso que siguen con la atención por parte de los jurídicos en esos temas, puesto que el gobierno capitalino tiene la obligación de continuar con esos litigios respectivos. De acuerdo con información de la dependencia a su cargo, del 5 de diciembre de 2018 a la fecha se han tramitado 2 mil 969 amparos, pero únicamente existen 738 vigentes.
Sobre el tema de reclusorios, reconoció que se está trabajando para mejorar la calidad de los centros penitenciarios e incluso se están tomando en cuenta las recomendaciones de las comisiones Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la Ciudad de México (CDH), un ejemplo de ello es el cambio de titulares de los penales.
“Vamos a poner atención y hacer todo lo que esté en nuestras manos por mejorar las condiciones, hemos iniciado con dos acciones, una es el cambio del director del Reclusorio Oriente y otra es el cambio de internos a reclusorios federales, para tener el control de ellos, habrá otras acciones más”, explicó la funcionaria local.
Luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio una mala calificación al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, principalmente por condiciones de ingobernabilidad, la secretaría de Gobierno local, Rosa Icela Rodríguez, comentó que se realizan acciones para cambiar esa situación, una de ellas fue el cambio del titular.
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, realizada por la CNDH, en este penal hay insuficiencia de personal de seguridad; deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias; ejercicio de funciones de autoridad por personas privadas de la libertad; condiciones de autogobierno; presencia de actividades ilícitas, y presencia de extorsión y sobornos.
