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emilio.fernandez@eluniversal.com.mx
Texcoco, Méx.—Un magistrado del Juzgado Noveno de Distrito con sede en Nezahualcóyotl ordenó a las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT), a la del Medio Ambiente (SMA) y Recursos Naturales (Semarnat) restituir tierras al ejido de Tocuila.
Dichos terrenos les fueron despojados a campesinos para la construcción de la autopista Pirámides-Texcoco, que forma parte de las vías de comunicación del Nuevo Aeropuerto de México (NAIM), proyecto que canceló en Texcoco el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
Sandino Rivero, abogado de los campesinos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), informó que el juzgado resolvió el juicio de amparo 349/2016 en favor de los ejidatarios de Tocuila y determinó que les sean devueltos 72 mil metros cuadrados de tierras porque no se llevaron a cabo los procesos de expropiación como marca la ley y fueron ocupadas ilegalmente para la edificación de la carretera de cuota.
“En los próximos días se tienen que devolver las tierras para quedar como estaban previo a la construcción de la autopista. Con esto se está demostrando lo que siempre se dijo de la ilegalidad de la autopista y sobre el aeropuerto y sus obras aledañas. Las empresas ya no tienen que seguir trabajando, tienen que detener sus trabajos para proceder a la devolución de tierras”, explicó el abogado.
Las empresas concesionarias del proyecto carretero CIPSA y Pinfra continúan con la realización de la autopista.
Con la determinación del juez la obra debe suspenderse de inmediato.
La carretera de cuota Pirámides-Texcoco conectaría a la autopista México-Pirámides y Peñón-Texcoco, así como el corredor México-Tuxpan con el aeropuerto que comenzó a construirse desde 2014 en el ex lago de Texcoco.
El proyecto carretero consta de 13 kilómetros, dentro de los ejidos de Tocuila, San Felipe, Santa Cruz de Abajo, La Magdalena, Francisco I. Madero, Atenco, Acuexcómac y Nexquipáyac.
Los ejidatarios interpusieron varios amparos para evitar que los trabajos continuaran en sus tierras, por lo que no ha sido concluida.
El representante legal de los campesinos mencionó que las secretarías federales ni las empresas impugnaron la resolución del magistrado, por lo que la sentencia está vigente desde hace 15 días.
