La Secretaría de Mujeres (Semujeres), a cargo de Gabriela Rodríguez, reservará hasta por tres meses el informe que entregó sobre el cumplimiento de las 17 acciones para enfrentar la violencia de género, que le ordenó la resolución emitida por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) el pasado 7 de junio de 2019.
De acuerdo con una solicitud de información realizada por EL UNIVERSAL, con número de folio 0118000001320, el Comité de Transparencia de la Secretaría de las Mujeres determinó que la reserva de la información se debe a que el documento entregado en diciembre a la Conavim está en revisión, por lo que se quiere “salvaguardar el [desarrollo] del dictamen respecto al proceso de solicitud de Alerta de Violencia de Género.
“Dicho documento contiene información que se encuentra sujeta a revisión y dictaminación por parte de la Conavim, en el marco del proceso referido y sobre el cual aún no ha sido emitido el dictamen correspondiente”, indica el documento de la resolución fechada el pasado 28 de enero.
Detalla que el informe estará hasta por tres meses reservado, pero aclara que podría ser menos si la comisión emite una resolución.
Las 17 acciones forman parte del proceso de solicitud que realizaron organizaciones sociales para la declaratoria de alerta en la capital del país, algunas de éstas son: consolidar una coordinación interinstitucional con dependencias y alcaldías, y establecer consejos en prevención, atención y erradicación de violencia en las alcaldías, especialmente en Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Milpa Alta.
Cabe recordar que el Gobierno decretó la Alerta de Violencia, que es un mecanismo local para enfrentar la problemática con diversas acciones interinstitucionales.
Por otro lado, un juez federal revisa un amparo, solicitado por organizaciones, para la declaratoria de la Alerta de Género en la Ciudad de México, ya que previamente ordenó la Conavim declarar el mecanismo para la protección de las mujeres en el territorio capitalino, pero éste fue impugnado por las mismas autoridades federales.
Entre las organizaciones peticionarias están el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.