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Tras recoger diversas opiniones ciudadanas y precisar conceptos ante el malestar de algunos vecinos, el Gobierno de la Ciudad de México presentó los nuevos proyectos del Plan General de Desarrollo y del Programa de Ordenamiento Territorial, donde se establece el uso de suelo habitacional unifamiliar, se crea un mecanismo para impedir la privatización del agua y prohíbe la construcción de megaproyectos en zonas con estrés hídrico, además de que no habrá división del suelo de conservación para que no haya confusión.
No obstante, luego de que la jefa de Gobierno los envíe al Congreso y ahí se aprueben, no tendrá efectos legales en la alcaldía Milpa Alta debido a diversas protestas de los habitantes ante la consulta de los proyectos.
“Podemos decir que estos documentos aprobados por el Instituto de Planeación de la Ciudad de México recogen el conjunto de críticas, observaciones e inconformidades, y son fieles a los acuerdos que firmó el Gobierno de la Ciudad de México. Por lo tanto, hoy hacemos este planteamiento público y eventualmente estos documentos. Una vez recibidos por la jefa de Gobierno, se enviarán al Congreso de la Ciudad de México; una vez que reciba estos documentos procederá a realizar la parte que le corresponde”, explicó el secretario de Gobierno, Martí Batres.
Cabe recordar que el Instituto de Planeación desde febrero no cuenta con director, ya que Pablo Benlliure renunció al cargo, además de que el Directorio Técnico del Instituto se encuentra incompleto, pues solamente tres de los 15 integrantes permanecen en sus cargos.
Ayer, desde el antiguo Palacio del Ayuntamiento, junto con líderes vecinales y organizaciones sociales, Batres presentó los puntos más relevantes de los documentos, donde se incluye la existencia de uso de suelo habitacional “puro”, particularmente uso de suelo habitacional unifamiliar, para proteger la vocación residencial de las colonias, a fin de que éstas no terminen con grandes edificios que vayan desplazando a las comunidades.
Además, se incluye que los programas parciales continuarán vigentes, toda vez que había preocupación, pero dijo que se cumplirá con lo establecido en los transitorios y no se eliminarían del Programa General del Ordenamiento Territorial.
Batres mencionó que también se agrega un mecanismo para impedir la privatización del agua y también la posibilidad de ciertas zonas para la vivienda de interés social adecuado, asequible y bien ubicada.
Los dos documentos serían entregados por la tarde de ayer a la jefa de Gobierno.
