Toluca, Méx.— En los últimos 15 días, el Poder Judicial del Estado de México (PJEM) y las fiscalías generales de Justicia estatal (FGJEM) y de la República (FGR) realizaron la búsqueda, localización, recuperación y reincorporación de siete niños sustraídos de sus hogares, en hechos que responden a las características de violencia vicaria.
De acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia estatal (TSJEM), cinco infantes fueron reincorporados con sus madres y dos con sus padres. Todos habían sido sustraídos del hogar determinado judicialmente en guarda y custodia.
El magistrado presidente del TSJEM, Ricardo Sodi Cuellar, indicó que se trata de niñas y niños de Naucalpan, Cuautitlán, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Toluca, quienes han vuelto a casa y exhortó a los padres al acuerdo en favor de la niñez mexiquense, a reconstruir vínculos de amor y respeto, incluso después de una separación de pareja.
Del 1 de enero al 31 de julio de 2022, el TSJEM emitió dos sentencias en las que acreditó el ejercicio de la patria potestad. En tres casos hizo la declaración judicial de patria potestad, hubo 51 sumarios de conclusión de patria potestad y dictó 262 sentencias por guarda y custodia.
En el Estado de México entró en vigor el reconocimiento de la violencia vicaria en junio de 2022, siendo la tercera entidad del país en reconocerla y prohibirla; aunque faltan reformas a los códigos Civil y Penal.
Según lo publicado en la Gaceta de gobierno estatal, las reformas incluyen ajustes a la Ley de Acceso, donde se conceptualiza esta violencia, pero no hay alguna sanción privativa de la libertad a quien la ejerza.
El artículo 8 establece que la violencia vicaria ocurre cuando el acto u omisión genera afectaciones, daño físico, sicológico, emocional, patrimonial o de cualquier otra índole a un descendiente, ascendiente o dependiente económico de la víctima, cometido por quien mantiene o sostuvo una relación afectiva o sentimental, y cuyo objeto sea el causar un menoscabo emocional, sicológico, patrimonial o de otra índole hacia la víctima.
A Pablo, de siete años, se lo llevó su papá Édgar el 19 de julio durante una visita en el Centro de Convivencia Familiar en Toluca, al obtener la custodia provisional y como parte de un operativo en el que intervino la FGJEM.
La familia materna exigió al Poder Judicial estatal que revise el caso y les devuelvan al niño que vivió con ellos siete años y que este sábado cumplirá ocho años, pues dijeron que el infante no quiere vivir con su padre.
Según José Luis Bueno y Ramírez de Arellano, tío del menor, fue Patricia, la abuela, quien se quedó con la guarda y custodia de Pablo cuando murió su hija Jessica, meses después del parto, desangrada por un golpe en la nariz, pues padecía lupus. Afirmaron que el padre no aportó manutención ni se hizo cargo de salud y educación.
El pasado 19 de julio, como parte del proceso judicial por la guarda y custodia, mientras sostenían una visita en el centro de convivencia, Édgar, en compañía de policías ministeriales y el secretario del juzgado familiar, realizaron un operativo para llevarse al niño, sin notificar a los abuelos maternos.
José Luis Bueno afirmó que temen que haya inconsistencias en el juicio por parte de la jueza de lo familiar, Yvette de la O, toda vez que el día del operativo únicamente notificaron al padre y presuntamente al magistrado Ricardo Sodi Cuellar.
El PJEM informó que el niño vivía con sus abuelos maternos desde bebé, después del fallecimiento de su mamá, pero no permitían la convivencia con el padre, por lo tanto, una jueza familiar determinó la custodia provisional al papá, privilegiando el lazo paterno filial.
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