El director del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP), Pablo Tomás Ben- lliure Bilbao, aceptó que hubo errores en la consulta sobre el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial, que este 8 de enero llegan a su fin.

No obstante, en entrevista con refirió que también hubo desinformación, rumores e intereses de grupo que se mezclaron en este proceso que buscaba que las personas participaran en la construcción de ambos ordenamientos territoriales.

Ahora que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbuam, envió una iniciativa al Congreso local para ampliar la entrada en vigor del plan general de desarrollo y el programa general de ordenamiento territorial, se abre la puerta a la extensión o reposición del proceso de consulta atendiendo las observaciones ciudadanas, mencionó el director.

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“Errores se cometen, algunos la propia gente nos los ha señalado y estamos agradecidos. Lo importante es darse cuenta y en el camino resolver lo que se necesita para garantizar el derecho a participar de las personas y organizaciones interesadas, especialmente de los pueblos y barrios originarios que ostentan derechos colectivos por mandato constitucional”, dijo.

Y añadió: “A lo largo de la consulta detectamos ciertos temas que preocupan a los ciudadanos como el uso de un lenguaje menos técnico en presentaciones y material informativo; la inclusión de normas generales de ordenamiento en un programa y no a partir de una ley; de allí la importancia de una ley de ordenamiento territorial que acompañe este proceso; la clasificación del suelo rural en el territorio que antes era reconocido como suelo de conservación, algo que ya se está atendiendo desde la Jefatura de Gobierno”.

Benlliure Bilbao detalló que este tipo de consultas, más que suspicacias, lo que despierta son muchos intereses entre los diversos sectores de la Ciudad, incluso en sectores que prefieren la especulación a costa de un desarrollo equilibrado y justo del territorio, “porque se están definiendo elementos de suma importancia para el futuro de una ciudad de derechos: regular la función social del suelo, distribuir las cargas y beneficios del desarrollo urbano, proteger el suelo de conservación y servicios ambientales, la gestión sustentable del agua, dar atención a los asentamientos irregulares, entre otras”.

Precisó que esta consulta también se enfrentó a mucha desinformación o rumores que les costó mucho combatir, por ejemplo, que el suelo rural se “urbanizará” o se habilitarán unidades habitacionales o grandes construcciones. Otro ejemplo, recalcó, fue la suposición de que las nuevas construcciones de la Ciudad tendrán tres pisos y que el comercio y servicios en planta baja son obligatorios para los usos habitacionales.

Apoya que se amplíe entrada en vigor

El director del IPDP subrayó que la iniciativa de la jefa de Gobierno “es muy buena”, pues siempre que se amplían plazos para participar estamos ganando en democracia.

“Es una buena oportunidad para mejorar la difusión de los documentos, mostrar los resultados logrados hasta ahora de la consulta y también para subsanar errores. Queremos llegar mejor a los sectores y comunidades que no han participado todavía”, argumentó el funcionario capitalino.

Indicó que participaron en esta consulta, que inició el pasado 8 de agosto de 2022, más de 10 mil personas, y dejó claro que si se repone la consulta, estas opiniones no se perderán y serán tomadas en cuenta.

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