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A cuatro años de distancia, la exigencia de “¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!” retumbó de nueva cuenta, pero ahora desde el primer Congreso de la Ciudad de México.
Eran los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, quienes llegaron con flores blancas y pasaron lista acompañados de las fotografías de cada uno de sus hijos.
Su presencia de ayer en Donceles y Allende demostró que familiares de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos pueden y están dispuestos a romper el muro de la impunidad, ese del que tanto se han quejado y que desde este martes tiene eco en el Poder Legislativo de la Ciudad.
Es la primera vez que la máxima tribuna capitalina se abre a la causa y al reclamo social, Morena lo impulsó y las otras fuerzas políticas apoyaron.
“Desgraciadamente siempre hemos recibido indiferencia y lo que queremos es un cambio democrático verdadero. Queremos agradecer hoy que nos abrieron la tribuna de este Congreso para decir nuestra palabra”, expresó Hilda Legideño, en representación de las 43 familias afectadas.
Ya no lloran en público, pero sus rostros, aún los de esos hombres que se muestran estoicos con sombrero y pantalón de mezclilla, hacer ver que su sufrimiento es grande, así como los mil 460 días en que no han cesado su lucha por buscar a sus hijos, sobrinos, nietos o bisnietos desaparecidos.
“Nuestras lágrimas ruedan cuando vemos su ropa, su cama, su silla y el no estar ahí; no sabemos cómo están, cuál será la suerte que les depara a nuestro hijos amados”, dijo Hilda.
Los 62 congresistas, sólo cuatro ausentes, miraban desde su curul, callados. Escuchaban de Legideño que la investigación realizada por la Procuraduría General de la República no ha sido efectiva, inmediata e imparcial.
Desde el recinto se cuestionó el actuar del gobierno federal, se señaló al presidente Enrique Peña Nieto de seguir manteniendo la tesis del basurero de Cocula, cuando no tiene sustento científico ni fáctico.
También se advirtió a las autoridades que dejen de obstaculizar las investigaciones, que permitan que el gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador cumpla el fallo e impulse y ponga en marcha la comisión de investigación para la verdad y la justicia en el caso Iguala.
“Diputados, les pedimos que hagan un llamado respetuoso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que recurra a tales marcos normativos. Las circunstancias de nuestro país le exigen al Poder Judicial estar a la altura de las circunstancias y poner del lado de las víctimas abandono, posiciones y formulismos jurídicos anquilosados, que en nada ayudan a encontrar la verdad en casos como el de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa”, demandó.
El diputado local Alejandro Encinas, quien habrá de encabezar la comisión investigadora para la justicia y la verdad, dijo que se indagará y sancionará aquellas confesiones hechas bajo tortura sobre el caso; pero lo más importante, garantizó el morenista, la comisión tendrá facultades para tener iniciativa propia.
Hubo pronunciamientos de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso local. Coincidieron que debe haber justicia y castigo para los responsables, sea quien sea.
El PRI, en voz de Ernesto Alarcón, aclaró a los padres que las autoridades locales como municipales de Guerrero cuando ocurrió la desaparición eran de otro partido y que ante la incapacidad de poder impartir justicia, fue que el gobierno federal tuvo que intervenir cuando ya se habían perdido días valiosos de investigación: “Tenemos plena confianza de que serán las instituciones quienes resuelvan estos hechos. Nadie quiere estar en su lugar y nadie es dueño de la verdad. Somos solidarios con ustedes”.
