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Taxistas y empresas de transporte que utilizan aplicaciones móviles, como Uber y Cabify, expresaron su desacuerdo con los nuevos requisitos que estableció el gobierno capitalino para la prestación del servicio.
Los representantes de taxistas libres consideran que las nuevas disposiciones para empresas que usan apps no generan “piso parejo”, pues “sólo se fomenta que continúe la ilegalidad”.
El líder de taxistas, Ignacio Rodríguez, comentó que a pesar de que se está buscando eliminar la corrupción con los trámites en línea, el gobierno capitalino tiene una deuda con su gremio, pues los servicios de transporte privado no han disminuido y siguen siendo una competencia desleal.
“Está bien que modernicen los trámites para aminorar la corrupción, lo que no nos parece es la licencia que se dará a estas empresas que brindan un servicio ilegal. Primero tenían que definir la situación jurídica de las empresas”, dijo.
Destacó que tras varias mesas de trabajo con autoridades capitalinas se estableció que habría una revisión de las empresas e incluso se definiría cómo hacer que cumplan la ley, pero “la nueva licencia invalidó los acuerdos”. Refirió que hasta el momento no hay “piso parejo” entre los taxistas y las empresas que utilizan aplicaciones móviles.
“Para tener un taxi legalizado debemos pagar casi 25 mil pesos desde la cromática, taxímetro, hasta la revista; sin embargo, para estas empresas es más sencillo, porque no pagan tanto, incluso puede tratarse de un paraíso fiscal”, comentó.
Preocupación. Ante las nuevas disposiciones, las empresa Cabify y Uber, por separado, manifestaron su preocupación porque se incrementó el valor mínimo del automóvil para registrarlo en una plataforma de transporte, al pasar de 200 mil a 250 mil pesos.
Para Cabify esto podría ser una barrera para el autoempleo, mientras que para Uber generaría un impacto negativo “el cual negaría a 40 mil socios conductores una opción de autoempleo y de generación de ingresos extra”.
A su vez, Uber también consideró que tendrá un impacto negativo la prohibición de pago en efectivo o cualquier otro medio de prepago, negando a los ciudadanos el derecho de elegir el método que más les convenga.
Por su parte, Didi informó que estaba analizando las implicaciones de las disposiciones en sus operaciones.
