El Poder Judicial de la Ciudad de México dio a conocer que los jueces familiares de ese organismo se valen de información, acorde con sus facultades, tanto del Sistema de Administración Tributaria como de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para rastrear ingresos de personas a las que se les demanda alimentos, quienes muchas veces alegan insolvencia.
Así lo explicó el juez 19 Familiar de Proceso Escrito, Rafael del Moral Rincón, quien recordó que aquellos que alegan insolvencia para evadir la responsabilidad de proporcionar alimentos pueden hacerse acreedores, incluso, a una pena privativa de la libertad, al subrayar que la obligación alimentaria es de orden público y de interés social.
Esto obliga a los impartidores de justicia a no dejar en estado de indefensión a quienes tienen derecho y enfatizó que lo más importante en materia familiar es salvaguardar el interés superior del menor.
Dijo que el monto de pensión alimenticia estipulado por el juez es más rápido y fácil si el demandado tiene una fuente de ingresos formal.