El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México , Rafael Guerra Álvarez , busca acercar la justicia “a la vida cotidiana” para que así todos los capitalinos tengan acceso a ella y sobre todo, entiendan que la llamada “puerta giratoria”, ya terminó.
Lo anterior lo explicó durante la rendición de cuentas como parte de su Tercer Informe al frente del órgano jurisdiccional,
Al señalar que la pandemia por Covid-19 trajo consigo desafíos inéditos e inesperadas oportunidades para transformar dinámicas, procesos e incluso el entorno jurisdiccional, Guerra Álvarez, subrayó que el órgano judicial ya no es el mismo, porque vive una auténtica revolución tecnológica que lo ha llevado al frente de la era de la información, mediante aplicaciones y espacios virtuales que permitan a los usuarios operar de manera intuitiva, asertiva y segura la promoción y progreso de sus causas.
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En sesión pública del pleno de magistrados y de consejeros de la Judicatura, ante quienes rindió su III Informe de Labores, precisó que “nuestra meta” es acercar la justicia a la vida cotidiana mediante aplicaciones y espacios virtuales que permitan a los usuarios operar de manera intuitiva, asertiva y segura la promoción y progreso de sus causas, con un cuidadoso balance entre seguridad y modernidad.
Detalló el avance de algunos de los objetivos institucionales planteados por su administración: impulsar la justicia electrónica, 100 por ciento; impulso al apoyo judicial, 79.9 por ciento; garantizar el respeto, protección, promoción y difusión de los derechos humanos e igualdad de género, 77.3 por ciento, y afianzar la oralidad e implementar varias materias, 72 por ciento.
El magistrado dio cuenta del avance en obras de infraestructura , y se refirió al inicio de la edificación de la nueva nave que albergará el Archivo Judicial, en un área anexa al Reclusorio Preventivo Oriente. Éste permitirá, abundó, dar cumplimiento a la normatividad para la conservación adecuada del acervo, con lo que se concentrará y resguardará hasta un 50 por ciento de su volumen.
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En más de lo avanzado en justicia digital, recalcó la interconexión tecnológica con el Consejo de la Judicatura Federal para la implementación de un sistema que permita tramitar electrónicamente los juicios de amparo y el sistema integral de gestión judicial, que permite el seguimiento de procesos, la consulta de videograbaciones de audiencias orales, promociones en línea, la realización de certificaciones mediante código QR y la consulta de resoluciones y sentencias.
También, el desarrollo de la herramienta que facilita la investigación y seguimiento de expedientes digitales, la implementación de la firma electrónica certificada del PJCDMX, conocida como Firma Judicial, y, para evitar la “puerta giratoria”, la habilitación de módulos de registro de imputados, además de seis quioscos para los mismos efectos ubicados en los reclusorios Sur, Norte, Oriente, Santa Martha Acatitla y en las instalaciones de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares.
Destacó que la justicia electrónica también es una herramienta para proteger la seguridad física y emocional de los usuarios, así como para alentar su sana convivencia en el desarrollo de distintos procesos que pueden generar un impacto psico-social. Ejemplificó con la entrada en operación de las oficinas de enlace del PJCDMX en los tres Centros de Justicia para la Mujer con sus respectivos juzgados en materia familiar a través del sistema Promujer.
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“Nos sentimos satisfechos de informar que, en este primer periodo, la plataforma ha recibido 2, 227 solicitudes por parte de los distintos Centros de Justicia para la Mujer, con 2, 167 audiencias desarrolladas vía remota”, comentó.
En el rubro de derechos humanos, expresó que el PJCDMX sigue destinando un presupuesto específico para garantizar el acceso a la justicia con pleno respeto al debido proceso, a través de servicios de traducción, interpretación, lengua de señas mexicanas, braille, entre otros, con los más altos estándares en la materia y del debido proceso.
Subrayó que el órgano judicial capitalino es el único en Latinoamérica en la implementación de un equipo multidisciplinario de consultores técnicos, los cuales coadyuvan con los órganos jurisdiccionales en los procesos donde interviene alguna persona con discapacidad intelectual o psicosocial, con lo que se garantiza el pleno ejercicio de sus derechos.
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apr/nv