Le platicamos que en las últimas semanas arrancaron labores en el edificio ubicado en avenida Juárez 92, colonia Centro, que muchos años fue sede de la Contraloría General de la Ciudad, pero después la dependencia se mudó y el inmueble quedó en desuso. Ha habido intentos por venderlo, incluso, hubo la intención de realizar una asociación público-privada para desarrollar un proyecto inmobiliario, pero tampoco prosperó. Ahora, nos dicen, el edificio ha empezado a ser desmantelado y se trabaja en una solicitud que hizo el Gobierno capitalino a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), cuyo titular es Román Meyer, para recuperarlo y que sean oficinas administrativas, y al mismo tiempo, un nuevo espacio público. Habrá que ver si el proyecto avanza y finalmente se recupera dicho inmueble.
¿Les querían meter gol o sí habrá apoyos?
En este espacio ya le habíamos platicado que el sector transportista reviviría su petición de elevar tres pesos la tarifa de autobuses y camiones que operan en la Ciudad, y para ello se reunirían con el secretario de Gobierno, Martí Batres. Pues resulta que sí hubo reunión, pero con mensajes encontrados. Por un lado, los líderes del gremio dijeron que habían avanzado en el acuerdo de que en mayo próximo se subiría la tarifa, lo cual fue desmentido horas después por don Martí y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien salió a decir que no habrá ningún tipo de alza. Pero lo que llama la atención es que en el comunicado de los transportistas dicen que el aumento lo podrían aceptar en apoyos, como el bono de combustible, ¿esa será la vía entonces?
En Atenco piden no olvidar abusos
La exigencia desde hace 16 años de los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra ha sido la misma: castigo para los autores intelectuales de la represión que sufrieron pobladores de Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006. Al recordar lo que ellos llaman como “mayo rojo”, no quitan el dedo del renglón para que sean llevados a tribunales el expresidente Vicente Fox y el exgobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, entre otros, a quienes responsabilizan de la muerte de dos personas y los abusos sexuales que cometieron policías estatales contra mujeres detenidas. La demanda es al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque hasta ahora ningún funcionario de alto rango ha sido acusado, detenido y juzgado por esos hechos.